Con esta Declaración los miembros del Foro “Curas de Madrid”
hacemos público nuestro apoyo a la Iniciativa
Legislativa Popular promovida por la "Plataforma de Afectados
por la Hipoteca" para presentar en El Congreso de los Diputados.
Esta Iniciativa plantea una “Proposición de ley para la regulación de la dación
en pago, paralización de los desahucios y alquiler social”
El negocio de la vivienda.
“El único objetivo era vivir dignamente. Vivir diez o más personas
en un solo piso es inhumano. Necesitábamos la vivienda para la reunificación
familiar y de esto se aprovecharon los bancos y las inmobiliarias ofreciéndonos
créditos con todas las facilidades del mundo.” Así se expresan los miembros de
la Plataforma.
La vivienda, bien de primera necesidad y derecho constitucional,
se convirtió en el más lucrativo de los negocios. De 2000 a 2007 el precio del
metro cuadrado creció en un 106 %, mientras que los salarios nominales - no la
capacidad adquisitiva real que incluso descendió - solamente crecieron el 8 %.
Para poder acceder a una vivienda las familias se vieron obligadas a
endeudarse. Y así, la proporción de endeudamiento respecto a la renta total de
las familias creció desde el 45 % en 1995 hasta sobrepasar el 140 % en 2008.
Aprovechándose de esta situación, las entidades bancarias,
estimuladas por la ausencia de controles públicos, incentivaron la concesión
abusiva de créditos hipotecarios. De esta manera, la banca española y
extranjera - acreedora de la española - han tenido unos años de beneficios
extraordinarios. “El crédito total a residentes pasó de 701.663 millones de
euros en 2002 a 1,8 billones en 2008. Un incremento gigantesco del negocio de
la banca que en un 70 % fue dirigido a la construcción o activiades
colindantes, a alimentar la burbuja inmobiliaria” (V.Navarro, J. Torres,A.
Garzón, “Hay alternativas”Ed. Sequitur, 2012).
Cargas insoportables.
“Hemos cumplido fiel y minuciosamente -siguen diciendo los
afectados- con nuestros compromisos mientras hemos tenido trabajo. No es
voluntad de no pagar, es que no podemos … Y vemos que todos los poderes de este
país están dedicados a rescatar a los bancos y cajas que disfrutaron de la
burbuja inmobiliaria; mientras que las ejecuciones hipotecarias y los
deshaucios están incrementando aceleradamente la cantidad de familias
marginadas y arrojadas a la exclusión social”.
El estallido de la burbuja inmobiliaria ha dejado en España unas
altísimas tasas de desempleo. La disminución de ingresos hace que muchos
hogares no puedan afrontar el pago de la hipoteca. Los
activos inmobiliarios de los bancos se derrumban y sus acreedores extranjeros
exigen que los bancos españoles les paguen su deuda. Pero la carga se va
trasladando hasta los últimos y más débiles eslabones de la cadena, familias
inmigrantes y españolas, a costa de lo que sea.
Ya que el ordenamiento español prevé un procedimiento de ejecución
hipotecaria que comporta no sólo la pérdida de la vivienda habitual, sino
también la posibilidad de que se embarguen los salarios y otros bienes
presentes y futuros. La entidad bancaria pueda adjudicarse la vivienda por tan
sólo el 50% del valor de tasación y seguir exigiendo a la familia el monto
restante, más los intereses generados y los gastos del procedimiento judicial.
Lo que supone dejar a muchas familias en la calle y con una deuda que hipoteca
a ellos y a sus avalistas para toda la vida , que las excluye definitivamente
de cualquier circuito financiero o crediticio.
Se nos quiere hacer creer que “hemos vivido por encima de nuestras
posibilidades” que “lo primero que hay que hacer es devolver las deudas” etc.
etc. ... El Foro “Curas de Madrid” consideramos que aspirar a una vivienda
digna no supone vivir por encima de nuestras posibilidades. Los datos del Banco
de España revelan que sólo un 16 % de las familias más pobres han recurrido al
endeudamiento; y que , cuando lo han hecho, ha sido fundamentalmente para pagar
su única vivienda. Mientras que un 65 % de las familias más acaudaladas se ha
endeudado para comprar una segunda o tercera vivienda y especular con ella.
Son sobre todo estos sectores que, por otra parte, suelen
coincidir con los accionistas de las entidades financieras, los que han vivido
y siguen viviendo por encima de las posibilidades de todos. Y son los que
quieren cargar, y lo están consiguiendo, ese enorme fardo de la deuda que ellos
han generado sobre las espaldas de todos los ciudadanos.
En la actualidad, el Estado se está endeudando, todos los
ciudadanos nos estamos endeudando y perdiendo de nuestros derechos en
educación, sanidad, atención a dependientes, etc. etc. para rescatar las deudas
generadas por los bancos – el 83 % del deuda total del país es privada
contraída sobre todo por las entidades financieras - .Mientras, ellos siguen
enriqueciéndose, especulando con esa misma deuda pública y utilizando estas
ayudas del Estado para acrecentar los dividendos de sus accionistas, no para
facilitar el crédito a familias y empresas.
Pero, aunque se van dando pasos debidos sobre todo a la presión
popular, los bancos , en general, no aceptan renegociar las condiciones
hipotecarias que permitan a las familias ir devolviendo esa deuda sin tener que
renunciar a una vida digna. Se apoyan para ello en una legislación establecida
por el abusivo poder económico y político que en nuestro país tienen las
entidades financieras.
La vivienda es un derecho no un negocio.
La
Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal Española declaraba recientemente: “Para las
familias que no pueden hacer frente al pago de sus viviendas y son
desahuciadas, es urgente encontrar soluciones que permitan hacer frente a sus
deudas sin tener que verse en la
calle. No es justo que, en una situación como la presente,
resulte tan gravemente comprometido el ejercicio del derecho básico de una
familia a disponer de una vivienda” (“Ante la crisis, solidaridad”, 4-10-2012).
Por nuestra parte consideramos que un Gobierno
consciente de la cuota de responsabilidad de las entidades financieras y de las
propias administraciones públicas en lo ocurrido, debería colocar el derecho a
la vivienda de las personas por encima de los beneficios abusivos de la banca.
Por todo ello, apoyamos los cambios legislativos que propone la Iniciativa
Legislativa Popular:
- Que se reconozca la dación en pago en la ejecución hipotecaria.
- Que se paralicen los desahucios cuando se trate de la vivienda habitual y el impago del préstamo sea debido a motivos ajenos a la voluntad del hipotecado.
- Que se reconozca el alquiler social. De manera que el ejecutado pueda seguir residiendo en la vivienda pagando un alquiler no superior al 30 % de sus ingresos.
Queremos asimismo manifestar nuestro agradecimiento a todos los
que en estos meses están dedicando su tiempo y preparación técnica para
denunciar y encontrar vías de solución a estas situaciones. Nos referimos, por
ejemplo, a personas del Movimiento 15-M, de Asociaciones de Vecinos,
Sindicatos, Parroquias y otras plataformas, y todos los que individualmente
están colaborando en esta tarea. Consideramos que constituye un signo de
esperanza el que, a pesar de la cultura individualista e insolidaria en la que
a menudo se nos pretende educar, todavía haya sectores sociales que no han
renunciado a la dignidad de ciudadanos responsables y solidarios.
Con esta declaración hacemos nuestra la indignación de Jesús ante
los poderes de la sociedad en que él vivió : “En la cátedra de Moisés han
tomado asiento los letrados y fariseos … Lían fardos pesados, cargas
insoportables, que cargan sobre la espalda de los demás, mientras ellos no
quieren empujar ni con un dedo” (Mt. 23 / 4).
Foro “Curas de Madrid” (http://www.forocurasdemadrid.
Octubre - 2012
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