El mundo en que vivimos.
Francesca Albanese, relatora de la ONU para
los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, ha presentado en
Madrid su libro “Mientras el mundo duerme”, una denuncia valiente y aterradora
sobre la actuación del gobierno de Israel en Gaza.
Desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó
el genocidio israelí sobre Gaza, Albanese ha publicado cinco informes,
caracterizados por su documentación sólida, su rigor jurídico y su precisión
política al señalar las responsabilidades sobre el genocidio contra la población
palestina. También ha señalado las complicidades internacionales que permiten
sostenerlo, precisando cómo empresas tecnológicas, corporaciones
armamentísticas, fondos de inversión y grandes actores financieros participan,
directa o indirectamente, en un sistema que convierte la devastación palestina
en oportunidad de negocio.
Ha hecho lo que el poder no tolera: Poner
nombre y apellidos a los responsables políticos, militares y económicos de la
destrucción de Palestina.
La relatora de la ONU sufre desde hace meses
la persecución de la Administración de Donald Trump, con una campaña de
intimidación política, mediática y diplomática destinada a desacreditar su
trabajo y silenciar sus denuncias. A principios del pasado año, Trump decretó
severas sanciones contra ella por investigar los crímenes en Gaza. Las medidas
incluyen la cancelación de cuentas y servicios bancarios, restricciones
para viajar, y otro tipo de obstáculos para impedir que haga
su trabajo. Las sanciones económico-financieras implican, por ejemplo, que no
puede ser titular de una cuenta bancaria, comprar un billete de tren online o
contratar un seguro de vida. Las sanciones tienen efecto también en la Unión Europea.

Una situación similar afrontan 11 jueces y
fiscales de la Corte Penal Internacional, lo cual es extraordinariamente grave.
No se trata únicamente de desacreditar a determinadas figuras incómodas. Es un
ataque frontal contra el derecho internacional y contra el sistema de garantías
construido tras la Segunda Guerra Mundial. Se trata de deslegitimar a Naciones
Unidas, desacreditar a la Corte Penal Internacional y convertir en sospechosas
las voces que documentan la devastación de Gaza. Las sanciones llevan un
mensaje claro y disciplinador: Quien ose investigar a Israel será castigado.
Son una forma de coerción mafiosa: Castigar a quienes investigan para que el
resto aprenda la lección.
El presidente español, Pedro Sánchez,
sostiene que dichas sanciones “suponen un precedente muy preocupante que
compromete el funcionamiento independiente de instituciones esenciales para la
justicia internacional” y “erosionan toda la arquitectura normativa que
sustenta las relaciones internacionales”. Por ello ha pedido a la Comisión
Europea a activar el Estatuto de Bloqueo, una herramienta que permitiría dejar
sin efecto en Europa las sanciones contra Albanese y los jueces y fiscales de
la Corte Penal Internacional. La Comisión ha ignorado la petición de Sánchez.
Durante su estancia en España, Francesca Albanese mantuvo reuniones con instancias gubernamentales y con sectores
políticos y sociales progresistas.El presidente Sánchez la condecoró la Orden del Mérito Civil,
por su labor de documentación y denuncia de las violaciones del derecho
internacional en Gaza.
“Lo que tenemos en
común quienes hemos sido sancionados por Estados Unidos es que luchamos por la
justicia", ha dicho la relatora, que también ha censurado la
parálisis de los dirigentes europeos ante el exterminio palestino. "No
somos mejores que quienes miraron a otro lado mientras deportaban a los
judíos", ha afirmado.
Las instituciones europeas, en efecto, han
respondido con tibieza ante la destrucción sistemática del pueblo palestino,
refugiándose en un silencio que no es neutral, sino cómplice. La normalización
de la impunidad no es menos insoportable que la magnitud de la violencia.