“Confío en que nuestras propuestas lleguen de forma clara al gobierno (…) Hemos marcado la agenda económica”. Cuando estas palabras las pronuncia el presidente de la CEOE, al finalizar una cumbre en la que han participado todos los grandes bancos y monopolios, llevan la marca de un mandato.
Los que de verdad manda en España se han pronunciado, y bajo la bandera de “reconstruir España tras la pandemia”, se esconden “ajustes” que amenazan las pensiones, los salarios... El impacto de ese meteorito ha tenido efectos inmediatos en la política española. De como puedan imponer su “programa de gobierno”, frente a una mayoría progresista que reclama salir de la crisis sin recortes, va a depender nuestro futuro.
Una cumbre de clase... y de Estado.
A la “macrocumbre” empresarial han asistido los más altos mandatarios de todos los gigantes del Ibex-35, desde la banca, encabezada por el Santander, a las eléctricas presididas por Iberdrola, las grandes constructoras, Telefónica... También han hecho aparición destacados representantes del capital extranjero en España, como la industria del automóvil o las grandes auditoras.
Hasta 130 representantes directos de la clase dominante, sin intermediarios, pregonando durante diez días lo que hay que hacer. Nunca había sucedido nada semejante. Bajo el paraguas de la CEOE, se ha dado forma orgánica a un poder de clase unificado en torno a sus exigencias.
Pero además, la “macrocumbre” ha contado con la presencia del Rey en su jornada final. No era protocolaria. Tenía un hondo sentido politico. El Estado en bloque avala las demandas de la cumbre y da el “sello de garantía” a su ejecución.
La “visión a largo plazo” planteada en el documento de conclusiones fue concretada por el representante de PWC -la segunda auditoria mundial-, con unas palabras contundentes: “hay que pensar en la sociedad de los próximos 10, 15 y 20 años”.
Los que de verdad mandan tienen programa pensado para determinar el rumbo del país y nuestras vidas en las próximas décadas. Son los nódulo de la oligarquía española quienes le dan voz, pero por ellos hablan también -y sobre todo- las necesidades y exigencias del gran capital extranjero, norteamericano y europeo. ¿En qué sentido?.
De la cumbre organizada por la CEOE no han salido reflexiones o recomendaciones, sino un decálogo de medidas concretas. Todo un programa que se hará llegar al gobierno, y que se ha difundido públicamente. ¿Cuáles son sus claves?.
Tres de las palabras mas repetidas en esta cumbre han sido gasto público, deuda y colaboración público-privada.
- ¿En qué se traducen?: Ana Patricia Botín reclama que el Estado se haga cargo del 25% de las nuevas hipotecas, ampliando su negocio sin asumir riesgos. Iberdrola propone que los presupuestos públicos costeen la instalación de la red de “electrolineras” que ellos suministarían. Las grandes constructoras exigen una inversión publica del 3% del PIB -más de 40.000 millones- para infraestructuras que ellos construirían...
- Masiva inyección de dinero público allí donde las élites económicas pueden obtener sustanciosas ganancias. Financiado con más deuda pública, de cuyo pago debemos hacernos cargo toda la sociedad.
- ¿Y cómo se pagará esta montaña de nueva deuda?: Las conclusiones de la cumbre lo aclaran: “hay que disponer del gasto público necesario en el corto plazo para salir de la crisis, y volver a una senda de estabilidad fiscal a medio y largo plazo”.
- El gobernador del Banco de España, que ya había advertido de “la necesidad de una década de ajustes”, ahora aboga por “un ambicioso programa de reformas estructurales”. ¿Cuáles?: Contrato único para rebajar salarios y condiciones laborales de los trabajadores fijos; reforma de las pensiones para alargar la edad de jubilación y recortar las futuras, abriendo paso a su privatización a través de la “mochila austríaca”, que nos descuenta de la nomina una aportación obligatoria a fondos privados, subida del IVA...
- Para poder ejecutar estos “ajustes” -cuyas consecuencias nos ocultan- con tranquilidad, los que mandan reclaman “consenso y diálogo social para llegar a acuerdos”. Se debe encuadrar a las principales fuerzas politicas y sociales en este programa. Para que su ejecución se blinde ante posibles cambios de gobierno.
- Debe quedar claro lo que se puede hacer, por eso el decálogo de la cumbre de la CEOE plantea que “no se deben revertir reformas que han generado crecimiento económico”, es decir debe quedar excluido del debate político cualquier cambio en la reforma laboral”. Y remacha que hay que “evitar, sobre todo, subidas impositivas”, o lo que es lo mismo, se debe guardar en el cajón cualquier intento de subir impuestos a bancos o grandes fortunas.
- El decálogo de las élites subraya asimismo que “la seguridad jurídica es fundamental para atraer y retener inversiones”. ¿Qué significa “atraer inversiones”?: Abrir la puerta a un -todavía- mayor control del capital extranjero sobre la economía nacional. Que ya se está produciendo. El capital norteamericano ha ampliado su participación en Repsol y en Bankia, tomando posiciones ante su privatizacion, ha adquirido, vía empresarios mexicanos, OHL... Y Goldman Sachs anuncia que siete grandes empresas españolas están “a tiro de OPA” para ser adquiridas a bajo precio, por parte de unos fondos de capital riesgo -como los “fondos buitre”- que están “buscando oportunidades”.
- Un camino de mayor dependencia exterior que las élites españolas aceptan anclándose a las “ayudas europeas”. Con un extraño sentido patriótico, alientan la intervención de Bruselas como garantía de que la política española no se saldrá de los límites que sus intereses imponen. El Banco de España filtra que “prepara la llegada de hombres de negro tras el verano”, pero “sin llamarlo intervención para no alarmar”. Y grandes empresarios esperan que “venga Bruselas con las tijeras de podar” para eliminar las políticas más escoradas a la izquierda.
¿Qué puede suponer la ejecución de este programa?:
Lo ha planteado con salvaje sinceridad el presidente de Renault en nuestro país: “España no puede mantener el tren de vida de los últimos años”. Para que multinacionales o el Ibex-35 mantenga o amplíe sus ganancias, la mayoría debemos ver recortado nuestro bienestar.
En primer lugar, con el horizonte de un mayor empobrecimiento, no porque vayan a generalizarse las “colas del hambre”, sino porque las rentas del 90% sufrirán un importante bocado. El servicio de estudios del BBVA afirma que “se podría dar un ajuste dramático y muy rápido en las pensiones”. Y un estudio de la auditora KPMG advierte de que el 60% de empresas bajará o congelará los sueldos en los próximos meses. Han tomado la delantera las multinacionales. Nissan quiso imponer en su planta de Cantabria un descenso de sueldos... ¡del 40%!. Y Ford anuncia un plan de rebajas salariales en todas sus plantas europeas, incluyendo la de Almussafes.
Un informe de Intermon Oxfam ha sacado las cuentas, y advierte de que la pandemia puede supone una disminución de hasta un 15% de la renta disponible de la mayoría, que puede llegar hasta el 20,5% en los sectores más pobres. Esto no hay “política social” ni ayudas -por generosas que sean- que pueda revertirlo.
En segundo lugar, un salto en la monopolización. Se prevé que entre un 20% y un 30% de las pymes españolas desaparezcan. Es es un objetivo por el que algunos trabajan. El gobernador del Banco de España ha insistido que las líneas de crédito ICO “son solo para empresas solventes”, no para salvar a las amenazadas por la quiebra. Y los servicios de estudios de la banca repiten que “una de las debilidades de la economía española es el pequeño tamaño de las empresas, el 95% de las cuales son pymes”.
En tercer lugar, un aumento de nuestro grado de dependencia respecto al exterior. Justo la gasolina que ha provocado que el incendio de los efectos de la pandemia sea en España el más destructivo de entre todos los países desarrollados.
En los últimos días estamos asistiendo a cambios o “giros de guión” en la política española que han sorprendido a algunos, pero que adquieren una completa coherencia si los leemos desde las exigencias planteadas por la oligarquía y el capital extranjero en la “macrocumbre” de la CEOE.
El mismo día que se cerraba la insólita “asamblea” de la clase dominante, con un mensaje claro de “consenso” y “pacto”, el PP de Pablo Casado daba un giro de 180 grados y votaba sí al decreto de nueva normalidad propuesto por el gobierno. Venía de decir No a la prórroga del Estado de alarma, y de acusar a Sánchez de querer imponer una “dictadura constitucional”.
A ello se une un “pacto por la sanidad” entre PSOE y PP. Y algunos grandes medios ya han puesto en circulación la posibilidad de que el PP permita, con un voto afirmativo o una abstención, la tramitación de los presupuestos.
El objetivo de esta operación es encarrilar “un giro al centro” del gobierno, para que los acuerdos con el PP diluyan la influencia de la mayoría progresista en el actual ejecutivo.
Es relevante que del texto conjunto presentado por PSOE y Unidas Podemos ante la Comisión parlamentaria por la Reconstrucción haya desaparecido el impuesto a las grandes fortunas -medida estrella de Podemos que sí aparecía en el programa de investidura-, y no se haga mención alguna a ningún cambio en la reforma laboral. Justo las dos líneas rojas que la “macrocumbre” empresarial ha situado como innegociables.
Si el actual gobierno de coalición persiste, porque la mayoría progresista que lo sostiene no aceptaria otra cosa, se le debe “ahormar”, fijándole claramente el molde del que no puede salirse. Se permitirá a Unidas Podemos intentar capitalizar medidas sociales, como el Ingreso Mínimo Vital, justas y necesarias para evitar una explosión, pero no avanzar por caminos que afecten, aún moderadamente, los intereses de grandes bancos y monopolios.
Alcanzar un pacto para ampliar los ERTEs fue uno de los mensajes más rotundos emitidos desde la cumbre empresarial. Y ese acuerdo acabó firmándose. Era necesario para evitar una hecatombre que sufrirían muchas pymes y multiplicaría el paro. Pero se forzó a gobierno y sindicatos para que quien saliera ganando fuera la gran patronal.
Y en último, pero no menos importante lugar, se ha producido una confluencia de todos los grandes partidos en Europa, hace pocos días impensable. El PP se alineaba con los “halcones del norte” para que las ayudas europeas impusieran férreas condiciones a España. Ahora, sus eurodiputados defienden la candidatura de Nadia Calviño a presidir el Eurogrupo y firman un artículo conjunto con los representantes de PSOE y Ciudadanos en favor de la aceleración del Fondo de Recuperación Europea.
El “ascenso europeo” a Nadia Calviño fortalecería la posición de España en la UE. Pero también actuaría como una garantía para las grandes potencias europeas y la propia oligarquía española. Anclando al ejecutivo de Pedro Sánchez a unos principios económicos y presupuestarios que podrían ser cuestionados por la influencia de la mayoría progresista.
Calviño fue la vicepresidenta que obligó al presidente a rectificar, en pocas horas, tras haber incluido en la negociación de una de las prórrogas del estado de alarma el compromiso de derogar la reforma laboral. Y en la “exposición de motivos” de su candidatura a dirigir el Eurogrupo, defiende que “se ate más en corto a los gobiernos en el uso de los fondos y en su estrategia económica y fiscal”.
Hay una corriente poderosa, que prepara un draconiano plan de ajuste para cargar las pérdidas de la crisis sobre la población, mientras nos anestesian difundiendo que “las ayudas europeas” o “la protección del Estado” hará que esta crisis no se resuelva con “medidas de austeridad” como sucedió tras 2010.
Pero existe también una contracorriente, igualmente poderosa. La de una mayoría social que no va a aceptar recortes ni que se cargue la factura sobre nuestras espaldas.
La vemos reflejada en la comparecencia del presidente de Gestha en el Congreso, exigiendo una reforma fiscal progresiva, denunciando que bancos, monopolio y multinacionales pagan tres veces menos impuestos que las pymes, a pesar de concentrar el 83% de los beneficios. En un movimiento en defensa de la sanidad pública que gana fuerza y apoyo social. En las concentraciones organizadas por los sindicatos para exigir una “reconstruccion social”. En que una ONG como Intermon Oxfam llame a “tomar medidas que redistribuyan la riqueza para evitar que aumente a desigualdad”.
Esta mayoría social, que se enfrenta a los recortes y que reclama redistribuir la riqueza, está presente en todas las fuerzas políticas, en todas las organizaciones sociales, en las principales ciudades y en la “España vaciada”, en los sindicatos y en pymes y autónomos...
Unificación Comunista de España y Recortes Cero no solo participan, sino que han contribuido a impulsar esta contracorriente, con los manifiestos “Unidad y solidaridad”, o impulsando desde 2009 una alternativa de redistribución de la riqueza que gana terreno.
Quienes están representados por la “macrocumbre” de la CEOE concentran mucho poder, pero tienen un punto extremadamente débil: están obligados a cuestionar intereses vitales del 90% de la sociedad. Lo hicieron tras 2010 y, bajo otras formas y ofreciendo algunas concesiones sociales que atenúen los efectos mas sangrantes, necesitan hacerlo también ahora.
Pero se enfrentan a una mayoría progresista que es hoy mas fuerte que hace diez años. Ha demostrado poder revertir reformas como la impuesta por el gobierno de Rajoy contra las pensiones en 2013. Está organizada, muy organizada, en multitud de plataformas. Y se expresa políticamente, con una mayoría en el parlamento, que va mas allá de PSOE y Unidas Podemos, impensable en 2010.
En los próximos meses vamos a asistir a una feroz batalla entre estas dos alternativas para salir de la crisis. El resultado va a determinar el rumbo del país, y repercutir directamente en nuestras vidas.
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