jueves, 29 de marzo de 2012

El agua, un elemento esencial para la vida


Contribución de la Iglesia Cristiana Católica al "Sexto Foro Mundial del Agua".
Marsella, Francia, marzo 2012

CIUDAD DEL VATICANO – 2012
1.- Introducción. 
1.1.- La contribución de la Iglesia Católica en el debate internacional.
1.2.- El tiempo para establecer un presupuesto para soluciones futuras. 
2.- La situación actual.
2.1.- Avances realizados en la declaración del derecho al agua y el reconocimiento de la necesidad de actualizarlo. 
2.2.- Hay todavía mucho que hacer. 
2.3.- La adopción de una necesaria visión integral y a distintos niveles en la búsqueda de soluciones apoyadas por estructuras internacionales ad hoc. 
2.4.- Una creciente demanda.

3.- Soluciones Sostenibles. 
3.1.- La necesidad de soluciones inmediatas. 
3.2.- Estructura y gobierno. 
3.3.- Nuevas Políticas. 
3.4.- Sobriedad y Justicia.

4.- Conclusión.

1.-  INTRODUCCIÓN. 
1.1.- Contribución de la Iglesia Cristiana Católica al debate internacional.
Con motivo del Foro Mundial del Agua en 2003, 2006 y 2009, la Santa Sede ha realizado algunas reflexiones. En base a su competencia, que es predominantemente moral, ha puesto de relieve varias cuestiones relacionadas con el agua, haciendo hincapié en su importancia y haciendo un llamamiento a la acción para mejorar su uso y su protección en todo el mundo. 
1.     Kyoto, 2003

En el Foro de Kyoto, el documento del “agua, un elemento esencial para la vida” de la Santa Sede1 señalaba que el agua es un factor común a tres pilares-económico, social y medioambiental- del desarrollo sostenible. En cuanto a la difícil situación que enfrentan las personas que no tienen agua potable, se puso de relieve tanto el predominio de los problemas de acceso y de gestión de los recursos en comparación con la disponibilidad global, como de los problemas causados por el uso excesivo e irresponsable del agua en los países desarrollados en comparación con los causados por la demanda creciente motivada por el aumento de la población.
El documento define al agua como un bien triple, bien social, relacionado con la salud, la alimentación y los conflictos; bien económico, necesario para la producción de otros bienes. Se correlacionó con la energía, pero no puede considerarse como cualquier otro bien comercial debido a que es indispensable para la vida y un don de Dios; bien ambiental en el sentido de que está vinculado a la sostenibilidad del medio ambiente y los desastres naturales.
Por otra parte, la Santa Sede, con ocasión del Foro de Kyoto, pidió el reconocimiento formal del derecho al agua potable como un derecho humano fundamental e inalienable, fundado en la dignidad humana. El agua es de hecho un requisito indispensable para la vida y para el crecimiento humano completo. Por último, destacó la importancia religiosa y los múltiples vínculos con los problemas de la pobreza.
2. Méjico, 2006
En la reunión de Ciudad de México, y para actualizar el documento anterior2, la Santa Sede ha considerado el agua como una responsabilidad de todos, por ser un bien fundamental de la creación de Dios destinado a toda persona y a todos los pueblos. Su acceso es un factor clave para la paz y la seguridad.
El nuevo documento viene a abogar por la promoción de una cultura del agua que la aprecie, respete y tener en cuenta ya que no es una simple mercancía, sino un bien destinado a todos.
Esta cultura es esencial para la gestión del agua, según criterios de justicia y responsabilidad, también en referencia a los desastres naturales.
3. Estambul, 2009
Por último, en la perspectiva del V Foro de Estambul, el documento original ha sido actualizado con el subtitulo: Y ahora un asunto de mayor urgencia. En particular, el nuevo texto3 anima a analizar el agua potable y el saneamiento en la óptica de una sola e importante cuestión, en tanto ambos son fundamentales para determinar los contenidos del mismo derecho. Sobre el derecho al agua, la Santa Sede señaló la afirmación jurídica poco explícita y aún insuficientemente establecida, si bien se reconoce indirectamente en diversos tratados internacionales. Sugirió solicitar de nuevo que este derecho -que hunde sus raíces en la dignidad humana- sea explícitamente promovido y reconocido.
Por último, mirando a las tendencias estadísticas, la Santa Sede señaló que es poco probable que los Objetivos de Desarrollo del Milenio4 relacionados con el agua se logren en 2015 y que, en caso de fracaso, cualquier porcentaje de su logro representaría una grave falta de la comunidad internacional.
1.2.- Tiempo  de balance para proponer soluciones de futuro.
En 1990, el beato Juan Pablo II lanzó una llamada ferviente sobre "la crisis ecológica (que) pone de manifiesto la necesidad moral urgente de una nueva solidaridad"5 y la explotación justa de los recursos naturales. Dos años más tarde, la ONU organizó en Río de Janeiro una cumbre sobre "Medio Ambiente y Desarrollo", un acontecimiento histórico que tuvo influencia e impacto a nivel mundial. Contribuyó de manera significativa a estructurar las reflexiones y planes de acción en materia de desarrollo para los próximos veinte años.
La función especial del agua en el desarrollo ha sido ampliamente reconocida, como lo prueban diversas iniciativas, tales como: las primeras actividades del Consejo Mundial del Agua en la mitad de los años 90, la decisión de Naciones Unidas de declarar el Decenio del Agua para la Vida (2005-2015), la creación - dentro de varios gobiernos y organizaciones internacionales - de estructuras encargadas de los problemas complejos del agua.
Hoy en día, tras el estallido de una severa crisis económica -también ligada a la explotación de los recursos naturales y a la brecha producida entre las finanzas y la economía real, entre el beneficio y la sostenibilidad-, es hora de hacer balance de la situación actual para instaurar urgentemente soluciones efectivas a los problemas que siguen sin resolverse, en vista de la Conferencia Río +20 que se celebrará en junio de este año, así como de reflexiones posteriores necesarias para el agua en el cuadro del desarrollo integral de los pueblos.
El hecho de que los organizadores hayan elegido por título “Tiempo de soluciones” para este VI Foro Mundial del Agua es una fuente de esperanza. La Santa Sede espera que en  2012 se tomen decisiones incisivas fundadas en sanos principios y sean compartidas prácticas "virtuosas" para institucionalizar y universalizar en la medida de lo posible a partir del próximo año, que Naciones Unidas ha dedicado a la cooperación en el contexto de los problemas del agua6.
En esta misma óptica, la Santa Sede espera que este documento pueda ofrecer una contribución útil.

2.- SITUACIÓN ACTUAL.
2.1.- Avances realizados en la declaración del derecho al agua y el reconocimiento de la necesidad de actualizarlo
1.       La Santa Sede y la propuesta de derechos relativos a los bienes colectivos, incluyendo el agua.
En 1990, el beato Juan Pablo II habló del "derecho a la seguridad en el medio ambiente, como un derecho que debería incluirse en una actualización de la Carta de los Derechos Humanos."7 Al año siguiente, en su encíclica Centesimus Annus, este derecho se presenta como un derecho que corresponde a un "bien público", cuya protección no se puede lograr por los simples mecanismos del mercado8, sino gracias a la cooperación de todos los hombres.
Aún Juan Pablo II, en 2003, reflexionaba sobre la afirmación de una brecha creciente y
preocupante entre una serie de nuevos derechos promovidos en las sociedades tecnológicamente avanzadas y consumistas, y los derechos humanos elementales aún no respetados, sobre todo en situaciones de subdesarrollo, como el derecho al agua potable9.
En el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, publicado en 2004, se afirma que "el derecho al agua, al igual que todos los derechos humanos, está fundado en la dignidad y no en estimaciones de carácter puramente cuantitativo", y se aclara que se  trata de "un derecho universal e  inalienable".
En el año 2009, destacando su relación con otros derechos, Su Santidad Benedicto XVI ha hecho hincapié en que cumple un papel importante en el logro de éstos, ya desde el derecho primero a la vida.
2.      El camino de las Naciones Unidas.
En los últimos años, la Asamblea General de la ONU también se ha interesado en repetidas ocasiones por el derecho al agua y lo ha consagrado de forma explícita en el año 2010, definiendo el "derecho a un agua potable sana y limpia y al saneamiento".
En la misma resolución, se reconoce como un derecho fundamental y esencial para el pleno ejercicio del derecho a la vida y de todos los derechos humanos. Por otra parte, en el preámbulo de esta histórica resolución, la Asamblea General recuerda la Observación general nº 15 (2002) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ECOSOC), donde son precisados el contenido normativo del derecho al agua, las obligaciones de los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y las de los actores no estatales involucrados, incluyendo las instituciones financieras internacionales.
Al año siguiente, la Sra. Catarina de Albuquerque14, Relatora Especial sobre el Derecho al Agua, contribuyó enormemente en la comprensión de las posibilidades prácticas para la realización de este derecho, presentando una serie de buenas prácticas y las condiciones para el éxito, a través de, entre otros, una identificación clara de las responsabilidades.
En el año 2011, a raíz de este reconocimiento y basándose en el informe antes citado, el Consejo de Derechos Humanos ha hecho un llamamiento a los Estados para su aplicación efectiva.
2.2.- Hay todavía mucho que hacer.

1. Hay demasiadas personas que no tienen acceso al agua potable.
Incluso hoy en día, en diferentes contextos, son muchas las personas que no pueden vivir dignamente y son particularmente vulnerables a las enfermedades y a la mortalidad. En efecto, el acceso al agua potable en cantidad y calidad adecuadas es insuficiente. Además, debemos tener en cuenta que las cifras de este acceso, que generalmente se citan en las reuniones internacionales, no reflejan la complejidad del fenómeno. Por otra parte, la distribución geográfica de las personas que todavía tienen necesidad de acceso a agua adecuada, puede hacer que los problemas sean más difíciles de resolver.
a. El acceso al agua potable en cantidad inadecuada.
Algunas comunidades no tienen agua suficiente para satisfacer sus necesidades, o no tienen agua cerca, por lo que la gente tiene que viajar largas distancias para obtenerla.
O bien, dependen de recursos que varían según la estación y las precipitaciones. A estas restricciones naturales, se suman otras de carácter humano y técnico, tales como: la falta de instituciones adecuadas; la incapacidad para mantener o pagar el agua potable; la falta repentina de las fuentes habituales o de las estructuras de gestión del agua debido a conflictos o actividades nuevas con un alto consumo.
b. El acceso al agua potable de mala calidad.
La buena calidad del agua potable no está garantizada si no se cuenta con mecanismos eficaces de saneamiento y alcantarillado adecuado. Sucede lo mismo cuando falta la información para distinguir entre el agua potable y la aparentemente potable que, por contra, es necesario tratar para que sea potable18. En otros contextos, algunas comunidades poseen y controlan mecanismos efectivos de depuración y saneamiento adecuados a su nivel tecnológico y económico, pero insuficientes para el tratamiento de  aguas altamente contaminadas, tales como aguas residuales o aguas residuales industriales.
c. La subestimación de los números de la sed.
Estas situaciones se refieren a unos 800/900 millones de personas, según las estadísticas internacionales ampliamente disponibles, incluidas las de las Naciones Unidas. Pero si se adopta una definición más amplia del acceso al agua -un acceso regular y constante de agua potable desde el punto de vista económico, legal y efectivo, y aceptable en términos de placer- la realidad descrita en algunos estudios es una fuente de preocupación aún mayor: 1,9 millones de personas sólo disponen de agua insalubre, mientras que 3,4 millones de personas utilizan de vez en cuando agua de dudosa calidad. Según estadísticas recientes, en definitiva, el acceso al agua potable no se garantiza aproximadamente a la mitad de la población mundial.
d. Una distribución geográfica compleja.
La mayoría de las personas sin acceso regular a agua potable -el 84% de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud20- viven en zonas rurales, es decir, en áreas donde las oportunidades para proporcionar agua potable son limitadas. En estas áreas, diversos factores -como la lejanía de algunas comunidades y los costes de infraestructura – hacen que una mejora clara y rápida de la situación sea poco probable.
Además, problemas de difícil resolución también pueden ocurrir en zonas urbanas. De hecho, millones de personas tienen agua corriente insalubre debido a que viven en contextos que requieren importantes inversiones en infraestructura y tecnología para hacer que el agua corriente sea potable.
La distribución geográfica de los sedientos – así se podría definir a todas las personas que no pueden acceder al agua de forma regular- hace que la situación sea especialmente preocupante porque los progresos son lentos y costosos. Por otra parte, en algunas zonas urbanas del mundo, hay un gran desequilibrio entre el crecimiento de la población y el aumento de la infraestructura hídrica.
2.       El retraso en el saneamiento.
Los avances en el sector de saneamiento parecen insuficientes. Más de mil millones de personas no tienen acceso a ningún tipo de saneamiento21 y las tendencias actuales sugieren que el progreso será lento en esta materia.
El fenómeno es preocupante porque, como la depuración, el saneamiento juega un papel clave en el proceso de reutilización del agua y la oposición a posibles riesgos para la salud humana debidos al agua contaminada o estancada. La falta de sistemas de saneamiento y de depuración adecuada son una grave amenaza para el medio ambiente, especialmente en las grandes ciudades con alta densidad de población, ya que grandes cantidades de agua contaminada se vierten en el medio ambiente, dentro de un espacio limitado.
3.       Los riesgos de una visión mercantil.
Las reglas y las negociaciones comerciales internacionales deberían buscar el bien de todos, especialmente de los pobres y vulnerables, y asegurar a las personas medios de subsistencia22. La naturaleza esencial para la existencia humana del agua, don de Dios, requiere no considerarla como un bien comercial cualquiera.
Por desgracia, en la práctica, se constata aún a veces una concepción del agua excesivamente mercantil, lo que puede llevar al error de considerarlo como una mercancía cualquiera, planificando las inversiones de acuerdo a los criterios de lucro y sin tener en cuenta el valor público del agua.
Una visión y una actitud demasiado mercantil también puede llevar a programar las inversiones en infraestructura sólo en las zonas donde parece rentable realizarlas, es decir, allí donde parecen generar una ganancia, allí donde viven muchas personas.
Existe el riesgo de no percibir a nuestros hermanos y hermanas como seres humanos que tienen derecho a una existencia digna, sino más bien considerarlos como meros clientes. Este enfoque mercantilista induce a crear una dependencia innecesaria (redes de dependencia, procedimientos, patentes) y predispone para abastecer de agua sólo a quienes la pueden pagar. Otra limitación del enfoque de mercado para la gestión del agua (y otros recursos naturales) es tratar y proteger el medio ambiente, asumiendo sus propias responsabilidades sólo cuando le conviene económicamente.
4. Un derecho a proteger y promover.
Una vez reconocido, un derecho debe ser protegido y promovido en un marco jurídico específico con las instituciones adecuadas para definir claramente las responsabilidades, establecer las circunstancias en las que el derecho no está garantizado y obtener reparación en caso de incumplimiento.
Varios países han introducido el derecho al agua en su ordenamiento jurídico interno, especificando los criterios de calidad y cantidad para diferentes sujetos e identificando las estructuras responsables de su ejecución. Esto es importante porque, en su propio territorio, el Estado es responsable de garantizar los derechos y el bienestar de las personas, así como la gestión adecuada de los recursos naturales.
Es lamentable que todos los estados no hayan introducido el derecho al agua en su ordenamiento jurídico nacional. Algunos estados toleran o realizan en sus territorios acciones que directa o indirectamente, violan el derecho de las comunidades pertenecientes a los estados vecinos, o incluso llegan a usar el agua para ejercer presión política o económica. Por otra parte, en el ámbito internacional, después de que un derecho tan importante haya sido reconocido, es aún más evidente la insuficiencia de "todas las instituciones que estructuran jurídicamente"24 los derechos y están destinadas a garantizarlos. La necesidad de mejorar y fortalecer las instituciones internacionales existentes "parece (además) evidente si tenemos en cuenta el hecho de que los temas del programa que deben abordarse a nivel mundial son cada vez más numerosos"25, y que algunas cuestiones ya no pueden ser gestionados por un estado individual.
Esto es especialmente cierto para el agua que, por su propia naturaleza, discurre, tanto en superficie como en profundidad, independientemente de las fronteras establecidas por los hombres. Además de la falta de instituciones, "es necesario desgraciadamente constatar las frecuentes dudas de la comunidad internacional en relación con el deber de respetar y hacer respetar los derechos humanos."
2.3.- La adopción de una necesaria visión integral y a distintos niveles en la búsqueda de soluciones apoyadas por estructuras internacionales ad hoc.

La Santa Sede aprecia la toma de conciencia de que es casi imposible buscar y mucho menos encontrar y aplicar soluciones a los problemas del agua considerada independientemente de los diversos problemas ligados al desarrollo, ni siquiera limitándose a un solo nivel de intervención.
En los últimos años, se han registrado avances alentadores en estas áreas. La aparición de algunas estructuras multinacionales o internacionales –que sin embargo, deben reforzadas- refleja la toma de conciencia progresiva asumida por la comunidad internacional en cuanto a su necesidad.
1.       El agua en un enfoque global del desarrollo.
Ahora sabemos que es imposible analizar y tratar de resolver el problema del agua de forma aislada, sin relación con otras cuestiones sociales, económicas y ambientales relacionadas con ella27. Esta cuestión se asocia comúnmente con la del hambre y la desnutrición, la economía y las finanzas, la energía, el medio ambiente en sentido amplio, la producción y la industria, la higiene, la agricultura, la urbanización, los desastres naturales, las "devastadoras sequías y del aumento del nivel de las aguas”.
Todos estos problemas son muy interdependientes. Deben afrontarse en conjunto, para un auténtico desarrollo integral y sostenible.
2.        Los diferentes niveles de análisis.
El análisis interdisciplinar es una práctica común -y debe seguir siéndolo- en diferentes niveles a la hora de interpretar los problemas mencionados anteriormente de una manera adecuada. Esto se hace teniendo en cuenta lo global y lo local, la estructura regional y la nacional, como exige el principio de subsidiariedad. Las redes internacionales de los acuíferos, los ríos y lagos transnacionales, así como las actividades que tienen un impacto potencial sobre la disponibilidad de agua en otro estado son naturalmente, un asunto supranacional. La prevención y la gestión de las crisis en las zonas de tensión también requieren de un análisis a diferentes niveles, ya que las decisiones nacionales pueden afectar a las situaciones locales, así como los posibles conflictos locales pueden causar inestabilidad en el plano regional.
3.       Las nuevas estructuras intergubernamentales también insuficientes.
La Santa Sede agradece la creación, dentro de Naciones Unidas y las estructuras intergubernamentales regionales, de los grupos de asesoramiento, organización y coordinación que se dedican a las cuestiones del agua. Esta tendencia, que comenzó a inicios del año 2000, demuestra la creciente atención prestada al "bien público", que es el agua. No obstante, para la gestión equitativa del agua a nivel internacional, quedan por hacer nuevos progresos institucionales.
2.4.- Una creciente demanda.
1. Las razones.

En el futuro habrá una creciente demanda de agua a escala global, ya que la población del mundo aumenta.
Por otro lado, independientemente del aumento de la población, se produce el aumento del nivel de vida y consumo en varios países. La creciente demanda de agua y la energía, para uso no esencial en la producción de bienes de consumo no siempre es necesaria. En este sentido, son especialmente preocupantes, "el derroche de recursos [destinados] a alimentar un consumismo insaciable"29 y "la acumulación ilimitada de bienes (...) reservada a un pequeño número de personas y propuesta como modelo de masas”.
2. Recursos comprometidos.
Una mayor demanda de agua, sin embargo, refleja la carencia de ese bien, y se manifiestan las "crecientes preocupaciones sobre la decreciente disponibilidad de agua"31. De hecho, los recursos hídricos también se ven afectados por las actividades directamente atribuibles a la mala gestión, a saber: la contaminación que actúa en diversos niveles en el ciclo del agua; el bombeo excesivo, que no considera adecuadamente el momento de la regeneración de los recursos hídricos. También se producen pérdidas por los sistemas mal diseñados o mal gestionados y por el consumo irresponsable.
El calentamiento global, en algunas zonas especialmente afectadas por el cambio climático, reduce los recursos disponibles. Este fenómeno será más probable y mayormente percibido en las zonas habitadas por poblaciones vulnerables. Millones de personas32 podrían verse privadas de agua para beber y para ver que su producción agrícola, que depende principalmente de la abundancia de lluvias, está en peligro.
Algunos países también han usado en exceso el agua poniendo en peligro las reservas de agua disponibles y llegando a los límites de sostenibilidad33. La seguridad y la sostenibilidad de los recursos hídricos, por lo tanto, son una cuestión que se debe abordar con urgencia.

3.- SOLUCIONES SOSTENIBLES.

Estamos en un contexto en el que el derecho al agua ha sido reconocido internacionalmente, pero los progresos en su aplicación, en diferentes contextos de desarrollo, son lentos.
Ante tal desafío, cada vez es más necesario que la comunidad internacional reporte soluciones sostenibles y que se apliquen de manera efectiva en los distintos niveles.
3.1.- La necesidad de soluciones inmediatas.
La Santa Sede insiste en el aspecto de "urgencia" del problema y espera que la constante búsqueda de soluciones en la comunidad internacional se exprese no sólo en declaraciones de intención sino que también sea apoyada por numerosos estudios. En la planificación y la economía sostenible a medio y largo plazo, no debemos ignorar las cuestiones controvertidas en las que es difícil encontrar un consenso, pero que todavía requieren atención, y medidas urgentes y efectivas, encaminadas a proteger la dignidad humana y la vida de millones de personas.
"Cuando la vida humana está en juego, el tiempo se está acortando: en efecto, el mundo ha siso testigo de los enormes recursos que los gobiernos están reuniendo para rescatar a las instituciones financieras consideradas "demasiado grandes para quebrar".
Ciertamente, el desarrollo integral de los pueblos de la tierra no es menos importante: es una empresa digna de todo el mundo"35.
3.2.- Estructura y gobierno.
Surge la necesidad de una gobernabilidad internacional36 con referencia a varios problemas supranacionales, incluyendo los del medio ambiente y el agua. Este gobierno no se debe entender como un principio superior que oprime las iniciativas locales o estatales, sino como una necesidad de coordinación y orientación para el desarrollo y uso armónico y sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente para la realización del bien común mundial.
1. La tarea de la gobernabilidad.
Lo que se necesita es una estructura de institución que asegure a todos y en todas partes un acceso regular y adecuado al agua37, que responda a los déficits ya señalados: indicar estándares de calidad y cantidad, ofrecer criterios que ayuden a promover una legislación nacional compatible con el derecho al agua reconocido internacionalmente, el control de los Estados para el cumplimiento de sus compromisos.
Otra tarea importante es la de promover diversas formas de cooperación: la cooperación científica y la transferencia de tecnología, la cooperación empresarial y administrativa.
También son comunes las medidas necesarias para controlar la corrupción y la contaminación, y para prevenir y gestionar conflictos. En particular, el fomento de la creación de autoridades regionales y transfronterizas responsables de la gestión conjunta e integrada, equitativa, racional y solidaria de los recursos comunes.
El gobierno también debe garantizar la primacía de la política -responsable del bien común- en la economía y las finanzas. Hay que llevarlas a los confines de su verdadera vocación y su función, en vista de sus claras responsabilidades hacia el medio ambiente, el bien público que es el agua, y la sociedad, para crear mercados e instituciones financieras que se encuentren al servicio de las personas, que sean capaces de responder a las necesidades del bien común y la fraternidad universal38 y no estén motivados únicamente por intereses comerciales con fines de lucro.
2. Razón de ser del gobierno: garantizar el destino universal de los bienes.

La humanidad ha recibido de Dios la misión de tratar y manejar sabiamente los recursos del medio ambiente, agua y otros, que son "bienes públicos" y como tales contribuyen a la "bien común global" y para llevarlo a cabo son esenciales instituciones proporcionales. Estas instituciones deben hacerse cargo de asegurar a nivel mundial el destino universal de los bienes.
La Doctrina Social de la Iglesia, de hecho, fundó la ética de las relaciones de propiedad con respecto a los bienes de la tierra en la perspectiva bíblica que indica el conjunto como un regalo de Dios para todos los seres humanos: "Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para el uso de todos los hombres y todos los pueblos, y por lo tanto los bienes creados deben ser para todos en abundancia, según la regla de justicia, inseparable de la caridad. Por lo tanto, cualesquiera que sean las formas de propiedad, adaptadas a las instituciones legítimas de los pueblos según las circunstancias diferentes y cambiantes, siempre se debe tener en cuenta este destino universal de los bienes. Al hacer uso de estos bienes se deben considerar las cosas externas que legítimamente se poseen no sólo como tal, sino también como comunes, en el sentido de que pueden beneficiar no sólo al poseedor sino también a los demás"
El uso correcto de los bienes materiales, incluido el uso de agua, es un derecho natural e inviolable, de valor universal, en cuanto a que es para todo ser humano. Debe ser protegido y hecho efectivo con leyes e instituciones adecuadas40.
3.3.- Nuevas políticas.
1. Políticas para el agua.
La promoción del bien común -que incluye la creación de condiciones sobre protección y promoción del derecho al agua- es un "deber de las autoridades civiles".
Necesitamos, por lo tanto, las políticas que protejan el derecho antes mencionado, en sus condiciones actuales de aplicación. En este sentido, la Santa Sede es consciente de que las situaciones son muy diferentes. Esto obligará a pensar en políticas que son válidas y eficaces para diferentes contextos.
a. Los agentes privados.
Teniendo en cuenta que la autoridad pública tiene la función de regulación y control, en el caso de los agentes privados para el agua, hay que decir que es imposible establecer reglas o normas universales de asociación público-privada. Si bien es comprensible y lógico que los agentes privados tiendan a desarrollar actividades rentables, no hay que olvidar que el agua tiene un valor social y debe ser accesible a todos. En este sentido, las autoridades deben garantizar, mediante una legislación adecuada, que el agua conserva su destino universal, "prestando especial atención a los sectores más vulnerables de la sociedad".
Los actores privados tienen un papel vital en el desarrollo continuo y la gestión de diversos recursos naturales y, por lo tanto, no serán excluidos de antemano. Sin embargo no deben comportarse como si el agua fuera un bien puramente comercial y no un "bien público". Se trata de seguir un comportamiento "virtuoso", es decir, gestionar los servicios de distribución de agua para la satisfacción del bien común.
b. Las políticas públicas.
Deben promoverse políticas "valientes", diseñadas con previsión, no influenciadas por intereses particulares o realizadas de forma oportunista para lograr el éxito electoral. En cuanto al agua, el mundo político debe actuar de manera responsable, evitando los intereses económicos inmediatos o ideologías que en última instancia, humillan la dignidad humana. El derecho positivo debe basarse en los principios de la ley moral natural para garantizar el respeto de la dignidad y el valor de la persona humana  que puede verse afectada si el derecho al agua no está garantizado y promovido.
Por tanto, la legislación y las estructuras deben estar al servicio del derecho al agua. Pero sobre todo, impulsadas por personas rectas, o personas con una fuerte conciencia del bien común y del "bien público", que es el agua.
2. Políticas basadas en la solidaridad.

Las políticas deben ser una expresión de la “solidaridad inter e infra generacional”, entendidas como preocupación por el bien común, generosas, unánimes, sistemáticas, dependientes de los contextos históricos. Por lo tanto, deben ser diseñadas teniendo en cuenta las condiciones concretas de su realización, para atender a la necesidad de proporcionar a todos, el acceso al agua.
La Santa Sede reafirma la urgente necesidad moral de una nueva solidaridad44 respecto a los recursos naturales y la gestión del medio ambiente, en particular del agua, de acuerdo con una dimensión internacional, que abarca los países más pobres, y que implica un uso conservador de los recursos del planeta. Recuerda, también, que para traducirla "en una acción eficaz, necesitamos nuevas ideas, que mejoren las condiciones de vida en áreas importantes”45, así como decisiones éticamente cualificadas.
Sin una solidaridad real, no podemos concebir mecanismos financieros o políticas de diseño funcional para poner en práctica el derecho al agua. La solidaridad, de hecho, es una virtud de carácter ético, que promueve una vida digna para todos, facilitando el acceso a los bienes básicos.
Si se descuida la dignidad humana, son vanas las reformas de las estructuras de gobierno y la orientación que ofrecen los grandes principios morales.
3. La participación de la sociedad civil.
La Santa Sede, en esta ocasión, no olvida que la gestión del agua no es un problema sólo con algunos técnicos, políticos o administradores. Es y debe ser una preocupación de todos, de la sociedad civil en su conjunto. Esta última utiliza en particular la ayuda de la comunidad política para lograr sus propósitos. Sin embargo, esto no quiere decir que la sociedad civil pueda ser sustituida de su responsabilidad primaria. La comunidad política está para servir a los fines de la sociedad civil y recibe de ella la tarea de producir todas las políticas e instituciones que son necesarias para el bien común.
La autoridad política realiza bien su tarea si la protección y promoción del derecho al agua refuerza la contribución de la sociedad civil, e insta a que se organice. La gestión adecuada de la propiedad pública, que es el agua, se lleva a cabo según la solidaridad y la subsidiariedad. La sociedad civil es la responsable final cuando la comunidad política no se presenta a sí misma capaz de realizar su tarea y debe movilizarse para que esto suceda.
3.4.- Sobriedad y justicia.

En una sociedad que persigue el objetivo de desarrollo sostenible e inclusivo, todos estamos llamados a vivir en sobriedad y justicia.
1. Moderación en el consumo.
Algunas sociedades tienen la posibilidad y el hábito de consumir, por muchas cuestiones más o menos esenciales, varias veces al día, la cantidad de agua necesaria para una vida digna mientras que otras sociedades carecen trágicamente de ella. No se puede aprobar esta desigualdad en el acceso y consumo de agua.
No se puede felicitar a las sociedades que utilizan el agua para fines innecesarios, presas de un consumismo cada vez más desenfrenado, impulsado la acumulación ilimitada de bienes48, ya que estas prácticas son contrarias al desarrollo sostenible. El consumo o el ahorro de agua en un determinado lugar, especialmente en un país avanzado, podría tener consecuencias en otros lugares, particularmente en los países en desarrollo.
El agua constituye un "sistema" a escala mundial e, incluso si no existe una relación directa entre su consumo y disponibilidad en dos lugares diferentes, hay otros vínculos indirectos que deben considerarse: transportar, depurar y consumir agua cuesta y requiere energía. Sin embargo, las sumas requeridas podrían ser más útiles invertidas en ayudar a los más pobres. No sin olvidar el hecho de que dicha energía a veces se extrae de las regiones que más lo necesitan.
La Santa Sede, por lo tanto, reitera la importancia de la moderación en el consumo, invoca la responsabilidad de los gobiernos, empresas y particulares. Esta sobriedad se apoya en valores como el altruismo, la solidaridad y la justicia.
2. Principio de justicia.
El principio de justicia, que consiste en aspectos conmutativos, contributivos, distributivos, o como justicia social, debe inspirar las soluciones de la problemática del agua.
Este mismo principio debe, por ejemplo, orientar la distribución equitativa de las inversiones necesarias para desarrollar y promover la aplicación del derecho al agua.
Los países en desarrollo y las economías emergentes deben contribuir a estas inversiones, en proporción a su capacidad, complementando así a los países donantes tradicionales. La comunidad internacional, por su parte, está llamada a adoptar formas innovadoras de financiación. Entre éstas puede ser incluida la representada por el capital derivado de un posible impuesto a las transacciones financieras.
El principio de justicia también debe ayudar a determinar los daños causados al agua y proponer posibles reparaciones o sanciones. Para ello aparecen los tribunales funcionales facultados para recibir quejas de las personas cuyo derecho al agua no está garantizado.
Asimismo, el referido principio constituye la distribución equitativa del agua. La Santa Sede, a este respecto, subraya que existen unos niveles mínimos para una existencia digna, que no estaba garantizada en muchos países en desarrollo, que se deben cumplir prioritariamente en comparación con otros altos niveles de consumo, típicos de los países más desarrollados.
Por otra parte, para la Santa Sede, la justicia, en armonía con el principio de subsidiariedad, debería funcionar en todos los niveles, desde el nivel local al transfronterizo, desde el nacional hasta el regional, desde el continental hasta el internacional. Como la solidaridad, debe ser inter e infra generacional.
El principio de justicia, desde el momento que debe salvaguardar los derechos de todos, especialmente de los más vulnerables, nos invita a considerar que ciertas políticas de control de la natalidad impuestas a estos últimos no son una solución justa. Tales fuerzas políticas, de hecho, impiden el crecimiento demográfico de estas poblaciones para permitir a otras sociedades mantener sus niveles excesivos de consumo

4.- CONCLUSIONES.
Miles de millones de personas siguen sin tener agua en cantidad o calidad suficiente para una vida digna, segura y cómoda. La Santa Sede, confiando en el sentido de la responsabilidad de los diferentes actores involucrados en la gestión del agua, quieren compartir sus puntos de vista con los gobiernos y con todas las personas de buena voluntad. Recuerda el deber de solidaridad, y la esperanza para que estos compromisos se cumplan y que se adopten soluciones sostenibles con urgencia y con especial atención a los más vulnerables y a las generaciones futuras. Los próximos eventos internacionales podrán ofrecer estas soluciones, justas y medioambientalmente sostenibles, con el apoyo de mecanismos innovadores que garanticen el cumplimiento y la rápida aplicación. No se puede ignorar que en la aplicación del derecho al agua influye la diferencia entre la financiación que se considera necesaria y la que es movilizada en realidad. El agua es con demasiada frecuencia objeto de contaminación, despilfarro y especulación, de controversia y causa de conflicto persistente. Más bien, debería conservarse como un bien universal que es esencial para el desarrollo integral de los pueblos y para la paz.

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