Contribución de la Iglesia Cristiana Católica
al "Sexto Foro Mundial del Agua".
Marsella, Francia, marzo 2012
CIUDAD DEL VATICANO – 2012
1.- Introducción.
1.1.- La contribución de la Iglesia
Católica en el debate internacional.
2.- La situación actual.
2.1.- Avances realizados en la
declaración del derecho al agua y el reconocimiento de la necesidad de
actualizarlo.
2.2.- Hay todavía mucho que
hacer.
2.3.- La adopción de una
necesaria visión integral y a distintos niveles en la búsqueda de soluciones
apoyadas por estructuras internacionales ad hoc.
2.4.- Una creciente demanda.
3.- Soluciones Sostenibles.
3.1.- La necesidad de soluciones
inmediatas.
3.2.- Estructura y gobierno.
3.3.- Nuevas Políticas.
3.4.- Sobriedad y Justicia.
4.- Conclusión.
1.-
INTRODUCCIÓN.
1.1.- Contribución de la Iglesia Cristiana Católica al debate internacional.
Con motivo del Foro Mundial
del Agua en 2003, 2006 y 2009, la Santa Sede ha realizado algunas reflexiones.
En base a su competencia, que es predominantemente moral, ha puesto de relieve
varias cuestiones relacionadas con el agua, haciendo hincapié en su importancia
y haciendo un llamamiento a la acción para mejorar su uso y su protección en
todo el mundo.
1. Kyoto, 2003
En el Foro de Kyoto, el documento del “agua, un elemento esencial para la vida” de la Santa Sede1 señalaba que el agua es un factor común a tres pilares-económico, social y medioambiental- del desarrollo sostenible. En cuanto a la difícil situación que enfrentan las personas que no tienen agua potable, se puso de relieve tanto el predominio de los problemas de acceso y de gestión de los recursos en comparación con la disponibilidad global, como de los problemas causados por el uso excesivo e irresponsable del agua en los países desarrollados en comparación con los causados por la demanda creciente motivada por el aumento de la población.
El documento define al agua
como un bien triple, bien social, relacionado con la salud, la
alimentación y los conflictos; bien económico, necesario para la
producción de otros bienes. Se correlacionó con la energía, pero no puede
considerarse como cualquier otro bien comercial debido a que es indispensable
para la vida y un don de Dios; bien ambiental en el sentido de que está
vinculado a la sostenibilidad del medio ambiente y los desastres naturales.
Por otra parte, la Santa Sede,
con ocasión del Foro de Kyoto, pidió el reconocimiento formal del derecho al
agua potable como un derecho humano fundamental e inalienable, fundado en la
dignidad humana. El agua es de hecho un requisito indispensable para la vida y
para el crecimiento humano completo. Por último, destacó la importancia
religiosa y los múltiples vínculos con los problemas de la pobreza.
2. Méjico,
2006
En la reunión de Ciudad de
México, y para actualizar el documento anterior2, la Santa Sede ha considerado
el agua como una responsabilidad de todos, por ser un bien fundamental de la
creación de Dios destinado a toda persona y a todos los pueblos. Su acceso es
un factor clave para la paz y la seguridad.
El nuevo documento viene a
abogar por la promoción de una cultura del agua que la aprecie, respete y tener
en cuenta ya que no es una simple mercancía, sino un bien destinado a todos.
Esta cultura es esencial para
la gestión del agua, según criterios de justicia y responsabilidad, también en
referencia a los desastres naturales.
3. Estambul,
2009
Por último, en la perspectiva
del V Foro de Estambul, el documento original ha sido actualizado con el
subtitulo: Y ahora un asunto de mayor urgencia. En particular, el nuevo texto3 anima a
analizar el agua potable y el saneamiento en la óptica de una sola e importante
cuestión, en tanto ambos son fundamentales para determinar los contenidos del
mismo derecho. Sobre el derecho al agua, la Santa Sede señaló la afirmación
jurídica poco explícita y aún insuficientemente establecida, si bien se
reconoce indirectamente en diversos tratados internacionales. Sugirió solicitar
de nuevo que este derecho -que hunde sus raíces en la dignidad humana- sea
explícitamente promovido y reconocido.
Por último, mirando a las
tendencias estadísticas, la Santa Sede señaló que es poco probable que los
Objetivos de Desarrollo del Milenio4 relacionados con el agua se logren en
2015 y que, en caso de fracaso, cualquier porcentaje de su logro representaría
una grave falta de la comunidad internacional.
1.2.- Tiempo de balance para proponer soluciones de futuro.
La función especial del agua
en el desarrollo ha sido ampliamente reconocida, como lo prueban diversas
iniciativas, tales como: las primeras actividades del Consejo Mundial del Agua
en la mitad de los años 90, la decisión de Naciones Unidas de declarar el
Decenio del Agua para la Vida (2005-2015), la creación - dentro de varios
gobiernos y organizaciones internacionales - de estructuras encargadas de los
problemas complejos del agua.
Hoy en día, tras el estallido
de una severa crisis económica -también ligada a la explotación de los recursos
naturales y a la brecha producida entre las finanzas y la economía real, entre
el beneficio y la sostenibilidad-, es hora de hacer balance de la situación
actual para instaurar urgentemente soluciones efectivas a los problemas que siguen
sin resolverse, en vista de la Conferencia Río +20 que se celebrará en junio de
este año, así como de reflexiones posteriores necesarias para el agua en el
cuadro del desarrollo integral de los pueblos.
El hecho de que los
organizadores hayan elegido por título “Tiempo de soluciones” para este VI Foro
Mundial del Agua es una fuente de esperanza. La Santa Sede espera que en 2012 se tomen decisiones incisivas fundadas en
sanos principios y sean compartidas prácticas "virtuosas" para
institucionalizar y universalizar en la medida de lo posible a partir del
próximo año, que Naciones Unidas ha dedicado a la cooperación en el contexto de
los problemas del agua6.
En esta misma óptica, la Santa
Sede espera que este documento pueda ofrecer una contribución útil.
2.- SITUACIÓN ACTUAL.
2.1.- Avances realizados en la declaración del derecho al agua
y el reconocimiento de la necesidad de actualizarlo
1. La Santa
Sede y la propuesta de derechos relativos a los bienes colectivos, incluyendo
el agua.
En 1990, el beato Juan Pablo
II habló del "derecho a la seguridad en el medio ambiente, como un derecho
que debería incluirse en una actualización de la Carta de los Derechos Humanos."7 Al año
siguiente, en su encíclica Centesimus Annus, este derecho se presenta
como un derecho que corresponde a un "bien público", cuya protección
no se puede lograr por los simples mecanismos del mercado8, sino
gracias a la cooperación de todos los hombres.
Aún Juan Pablo II, en 2003,
reflexionaba sobre la afirmación de una brecha creciente y
preocupante entre una serie
de nuevos derechos promovidos en las sociedades tecnológicamente avanzadas y
consumistas, y los derechos humanos elementales aún no respetados, sobre todo
en situaciones de subdesarrollo, como el derecho al agua potable9.
En el Compendio de la
Doctrina Social de la Iglesia, publicado en 2004, se afirma que "el
derecho al agua, al igual que todos los derechos humanos, está fundado en la dignidad
y no en estimaciones de carácter puramente cuantitativo", y se aclara que
se trata de "un derecho universal e
inalienable".
En el año 2009, destacando
su relación con otros derechos, Su Santidad Benedicto XVI ha hecho hincapié en
que cumple un papel importante en el logro de éstos, ya desde el derecho
primero a la vida.
2. El camino de las Naciones Unidas.
En los últimos años, la
Asamblea General de la ONU también se ha interesado en repetidas ocasiones por
el derecho al agua y lo ha consagrado de forma explícita en el año 2010,
definiendo el "derecho a un agua potable sana y limpia y al saneamiento".
En la misma resolución, se
reconoce como un derecho fundamental y esencial para el pleno ejercicio del
derecho a la vida y de todos los derechos humanos. Por otra parte, en el
preámbulo de esta histórica resolución, la Asamblea General recuerda la Observación
general nº 15 (2002) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ECOSOC),
donde son precisados el contenido normativo del derecho al agua, las obligaciones
de los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, y las de los actores no estatales involucrados, incluyendo las instituciones
financieras internacionales.
Al año siguiente, la Sra.
Catarina de Albuquerque14, Relatora Especial sobre el Derecho al Agua, contribuyó
enormemente en la comprensión de las posibilidades prácticas para la
realización de este derecho, presentando una serie de buenas prácticas y las condiciones
para el éxito, a través de, entre otros, una identificación clara de las responsabilidades.
En el año 2011, a raíz de
este reconocimiento y basándose en el informe antes citado, el Consejo de
Derechos Humanos ha hecho un llamamiento a los Estados para su aplicación
efectiva.
2.2.- Hay
todavía mucho que hacer.
1. Hay demasiadas personas que no tienen acceso al agua potable.
Incluso hoy en día, en
diferentes contextos, son muchas las personas que no pueden vivir dignamente y
son particularmente vulnerables a las enfermedades y a la mortalidad. En
efecto, el acceso al agua potable en cantidad y calidad adecuadas es insuficiente.
Además, debemos tener en cuenta que las cifras de este acceso, que generalmente
se citan en las reuniones internacionales, no reflejan la complejidad del fenómeno.
Por otra parte, la distribución geográfica de las personas que todavía tienen necesidad
de acceso a agua adecuada, puede hacer que los problemas sean más difíciles de
resolver.
a. El
acceso al agua potable en cantidad inadecuada.
Algunas comunidades no
tienen agua suficiente para satisfacer sus necesidades, o no tienen agua cerca,
por lo que la gente tiene que viajar largas distancias para obtenerla.
O bien, dependen de recursos
que varían según la estación y las precipitaciones. A estas restricciones
naturales, se suman otras de carácter humano y técnico, tales como: la falta de
instituciones adecuadas; la incapacidad para mantener o pagar el agua potable;
la falta repentina de las fuentes habituales o de las estructuras de gestión
del agua debido a conflictos o actividades nuevas con un alto consumo.
b. El
acceso al agua potable de mala calidad.
La buena calidad del agua
potable no está garantizada si no se cuenta con mecanismos eficaces de
saneamiento y alcantarillado adecuado. Sucede lo mismo cuando falta la información
para distinguir entre el agua potable y la aparentemente potable que, por contra,
es necesario tratar para que sea potable18. En otros contextos,
algunas comunidades poseen y controlan mecanismos efectivos de depuración y
saneamiento adecuados a su nivel tecnológico y económico, pero insuficientes
para el tratamiento de aguas altamente
contaminadas, tales como aguas residuales o aguas residuales industriales.
c. La
subestimación de los números de la sed.
Estas situaciones se
refieren a unos 800/900 millones de personas, según las estadísticas internacionales
ampliamente disponibles, incluidas las de las Naciones Unidas. Pero si se
adopta una definición más amplia del acceso al agua -un acceso regular y
constante de agua potable desde el punto de vista económico, legal y efectivo,
y aceptable en términos de placer- la realidad descrita en algunos estudios es
una fuente de preocupación aún mayor: 1,9 millones de personas sólo disponen de
agua insalubre, mientras que 3,4 millones de personas utilizan de vez en cuando
agua de dudosa calidad. Según estadísticas recientes, en definitiva, el acceso
al agua potable no se garantiza aproximadamente a la mitad de la población
mundial.
d. Una
distribución geográfica compleja.
La mayoría de las personas
sin acceso regular a agua potable -el 84% de acuerdo a la Organización Mundial
de la Salud20- viven en zonas rurales, es decir, en áreas donde las oportunidades
para proporcionar agua potable son limitadas. En estas áreas, diversos factores
-como la lejanía de algunas comunidades y los costes de infraestructura – hacen
que una mejora clara y rápida de la situación sea poco probable.
Además, problemas de difícil
resolución también pueden ocurrir en zonas urbanas. De hecho, millones de
personas tienen agua corriente insalubre debido a que viven en contextos que
requieren importantes inversiones en infraestructura y tecnología para hacer
que el agua corriente sea potable.
La distribución geográfica
de los sedientos – así se podría definir a todas las personas que no pueden
acceder al agua de forma regular- hace que la situación sea especialmente
preocupante porque los progresos son lentos y costosos. Por otra parte, en
algunas zonas urbanas del mundo, hay un gran desequilibrio entre el crecimiento
de la población y el aumento de la infraestructura hídrica.
2. El retraso
en el saneamiento.
Los avances en el sector de
saneamiento parecen insuficientes. Más de mil millones de personas no tienen
acceso a ningún tipo de saneamiento21 y las tendencias actuales sugieren
que el progreso será lento en esta materia.
El fenómeno es preocupante
porque, como la depuración, el saneamiento juega un papel clave en el proceso
de reutilización del agua y la oposición a posibles riesgos para la salud
humana debidos al agua contaminada o estancada. La falta de sistemas de saneamiento
y de depuración adecuada son una grave amenaza para el medio ambiente, especialmente
en las grandes ciudades con alta densidad de población, ya que grandes cantidades
de agua contaminada se vierten en el medio ambiente, dentro de un espacio limitado.
3. Los riesgos
de una visión mercantil.
Las reglas y las negociaciones
comerciales internacionales deberían buscar el bien de todos, especialmente de
los pobres y vulnerables, y asegurar a las personas medios de subsistencia22. La
naturaleza esencial para la existencia humana del agua, don de Dios, requiere no
considerarla como un bien comercial cualquiera.
Por desgracia, en la
práctica, se constata aún a veces una concepción del agua excesivamente
mercantil, lo que puede llevar al error de considerarlo como una mercancía
cualquiera, planificando las inversiones de acuerdo a los criterios de lucro y sin
tener en cuenta el valor público del agua.
Una visión y una actitud
demasiado mercantil también puede llevar a programar las inversiones en
infraestructura sólo en las zonas donde parece rentable realizarlas, es decir,
allí donde parecen generar una ganancia, allí donde viven muchas personas.
Existe el riesgo de no
percibir a nuestros hermanos y hermanas como seres humanos que tienen derecho a
una existencia digna, sino más bien considerarlos como meros clientes. Este
enfoque mercantilista induce a crear una dependencia innecesaria (redes de
dependencia, procedimientos, patentes) y predispone para abastecer de agua sólo
a quienes la pueden pagar. Otra limitación del enfoque de mercado para la
gestión del agua (y otros recursos naturales) es tratar y proteger el medio
ambiente, asumiendo sus propias responsabilidades sólo cuando le conviene económicamente.
4. Un
derecho a proteger y promover.
Una vez reconocido, un
derecho debe ser protegido y promovido en un marco jurídico específico con las
instituciones adecuadas para definir claramente las responsabilidades, establecer
las circunstancias en las que el derecho no está garantizado y obtener reparación
en caso de incumplimiento.
Varios países han
introducido el derecho al agua en su ordenamiento jurídico interno, especificando
los criterios de calidad y cantidad para diferentes sujetos e identificando las
estructuras responsables de su ejecución. Esto es importante porque, en su
propio territorio, el Estado es responsable de garantizar los derechos y el
bienestar de las personas, así como la gestión adecuada de los recursos
naturales.
Es lamentable que todos los
estados no hayan introducido el derecho al agua en su ordenamiento jurídico
nacional. Algunos estados toleran o realizan en sus territorios acciones que
directa o indirectamente, violan el derecho de las comunidades pertenecientes a
los estados vecinos, o incluso llegan a usar el agua para ejercer presión política
o económica. Por otra parte, en el ámbito internacional, después de que un derecho
tan importante haya sido reconocido, es aún más evidente la insuficiencia de "todas
las instituciones que estructuran jurídicamente"24 los
derechos y están destinadas a garantizarlos. La necesidad de mejorar y
fortalecer las instituciones internacionales existentes "parece (además)
evidente si tenemos en cuenta el hecho de que los temas del programa que deben
abordarse a nivel mundial son cada vez más numerosos"25, y que algunas
cuestiones ya no pueden ser gestionados por un estado individual.
Esto es especialmente cierto
para el agua que, por su propia naturaleza, discurre, tanto en superficie como
en profundidad, independientemente de las fronteras establecidas por los
hombres. Además de la falta de instituciones, "es necesario desgraciadamente
constatar las frecuentes dudas de la comunidad internacional en relación con el
deber de respetar y hacer respetar los derechos humanos."
2.3.- La adopción de una necesaria visión
integral y a distintos niveles en la búsqueda de soluciones apoyadas por
estructuras internacionales ad hoc.
La Santa Sede aprecia la toma de conciencia de que es casi imposible buscar y mucho menos encontrar y aplicar soluciones a los problemas del agua considerada independientemente de los diversos problemas ligados al desarrollo, ni siquiera limitándose a un solo nivel de intervención.
En los últimos años, se han
registrado avances alentadores en estas áreas. La aparición de algunas
estructuras multinacionales o internacionales –que sin embargo, deben reforzadas-
refleja la toma de conciencia progresiva asumida por la comunidad internacional
en cuanto a su necesidad.
1. El agua en
un enfoque global del desarrollo.
Ahora
sabemos que es imposible analizar y tratar de resolver el problema del agua de forma
aislada, sin relación con otras cuestiones sociales, económicas y ambientales relacionadas
con ella27. Esta cuestión se asocia comúnmente con la del hambre y
la desnutrición, la economía y las finanzas, la energía, el medio ambiente en
sentido amplio, la producción y la industria, la higiene, la agricultura, la
urbanización, los desastres naturales, las "devastadoras sequías y del
aumento del nivel de las aguas”.
Todos estos problemas son
muy interdependientes. Deben afrontarse en conjunto, para un auténtico desarrollo
integral y sostenible.
2. Los diferentes niveles de análisis.
El análisis interdisciplinar
es una práctica común -y debe seguir siéndolo- en diferentes niveles a la hora
de interpretar los problemas mencionados anteriormente de una manera adecuada.
Esto se hace teniendo en cuenta lo global y lo local, la estructura regional y
la nacional, como exige el principio de subsidiariedad. Las redes
internacionales de los acuíferos, los ríos y lagos transnacionales, así como
las actividades que tienen un impacto potencial sobre la disponibilidad de agua
en otro estado son naturalmente, un asunto supranacional. La prevención y la
gestión de las crisis en las zonas de tensión también requieren de un análisis
a diferentes niveles, ya que las decisiones nacionales pueden afectar a las
situaciones locales, así como los posibles conflictos locales pueden causar
inestabilidad en el plano regional.
3. Las nuevas
estructuras intergubernamentales también insuficientes.
La Santa
Sede agradece la creación, dentro de Naciones Unidas y las estructuras intergubernamentales
regionales, de los grupos de asesoramiento, organización y coordinación que se
dedican a las cuestiones del agua. Esta tendencia, que comenzó a inicios del
año 2000, demuestra la creciente atención prestada al "bien público",
que es el agua. No obstante, para la gestión equitativa del agua a nivel
internacional, quedan por hacer nuevos progresos institucionales.
2.4.- Una
creciente demanda.
1. Las
razones.
En el futuro habrá una creciente demanda de agua a escala global, ya que la población del mundo aumenta.
Por otro lado,
independientemente del aumento de la población, se produce el aumento del nivel
de vida y consumo en varios países. La creciente demanda de agua y la energía,
para uso no esencial en la producción de bienes de consumo no siempre es necesaria.
En este sentido, son especialmente preocupantes, "el derroche de recursos [destinados]
a alimentar un consumismo insaciable"29 y "la acumulación
ilimitada de bienes (...) reservada a un pequeño número de personas y propuesta
como modelo de masas”.
2. Recursos
comprometidos.
Una mayor demanda de agua,
sin embargo, refleja la carencia de ese bien, y se manifiestan las
"crecientes preocupaciones sobre la decreciente disponibilidad de agua"31. De hecho,
los recursos hídricos también se ven afectados por las actividades directamente
atribuibles a la mala gestión, a saber: la contaminación que actúa en diversos
niveles en el ciclo del agua; el bombeo excesivo, que no considera adecuadamente
el momento de la regeneración de los recursos hídricos. También se producen
pérdidas por los sistemas mal diseñados o mal gestionados y por el consumo irresponsable.
El calentamiento global, en
algunas zonas especialmente afectadas por el cambio climático, reduce los
recursos disponibles. Este fenómeno será más probable y mayormente percibido en
las zonas habitadas por poblaciones vulnerables. Millones de personas32 podrían
verse privadas de agua para beber y para ver que su producción agrícola, que
depende principalmente de la abundancia de lluvias, está en peligro.
Algunos países también han
usado en exceso el agua poniendo en peligro las reservas de agua disponibles y
llegando a los límites de sostenibilidad33. La seguridad y la sostenibilidad
de los recursos hídricos, por lo tanto, son una cuestión que se debe abordar
con urgencia.
3.- SOLUCIONES SOSTENIBLES.
Estamos en un contexto en el que el derecho al agua ha sido reconocido internacionalmente, pero los progresos en su aplicación, en diferentes contextos de desarrollo, son lentos.
Ante tal desafío, cada vez
es más necesario que la comunidad internacional reporte soluciones sostenibles
y que se apliquen de manera efectiva en los distintos niveles.
3.1.- La
necesidad de soluciones inmediatas.
La Santa Sede insiste en el
aspecto de "urgencia" del problema y espera que la constante búsqueda
de soluciones en la comunidad internacional se exprese no sólo en declaraciones
de intención sino que también sea apoyada por numerosos estudios. En la planificación
y la economía sostenible a medio y largo plazo, no debemos ignorar las cuestiones
controvertidas en las que es difícil encontrar un consenso, pero que todavía requieren
atención, y medidas urgentes y efectivas, encaminadas a proteger la dignidad humana
y la vida de millones de personas.
"Cuando la vida humana
está en juego, el tiempo se está acortando: en efecto, el mundo ha siso testigo
de los enormes recursos que los gobiernos están reuniendo para rescatar a las
instituciones financieras consideradas "demasiado grandes para
quebrar".
Ciertamente, el desarrollo
integral de los pueblos de la tierra no es menos importante: es una empresa
digna de todo el mundo"35.
3.2.- Estructura y gobierno.
Surge la necesidad de una
gobernabilidad internacional36 con referencia a varios problemas supranacionales,
incluyendo los del medio ambiente y el agua. Este gobierno no se debe
entender como un principio superior que oprime las iniciativas locales o estatales,
sino como una necesidad de coordinación y orientación para el desarrollo y uso
armónico y sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente para la realización
del bien común mundial.
1. La tarea
de la gobernabilidad.
Lo que se necesita es una
estructura de institución que asegure a todos y en todas partes un acceso
regular y adecuado al agua37, que responda a los déficits ya señalados: indicar estándares
de calidad y cantidad, ofrecer criterios que ayuden a promover una legislación
nacional compatible con el derecho al agua reconocido internacionalmente, el
control de los Estados para el cumplimiento de sus compromisos.
Otra tarea importante es la
de promover diversas formas de cooperación: la cooperación científica y la
transferencia de tecnología, la cooperación empresarial y administrativa.
También son comunes las
medidas necesarias para controlar la corrupción y la contaminación, y para
prevenir y gestionar conflictos. En particular, el fomento de la creación de
autoridades regionales y transfronterizas responsables de la gestión conjunta e
integrada, equitativa, racional y solidaria de los recursos comunes.
El gobierno también debe
garantizar la primacía de la política -responsable del bien común- en la
economía y las finanzas. Hay que llevarlas a los confines de su verdadera vocación
y su función, en vista de sus claras responsabilidades hacia el medio ambiente,
el bien público que es el agua, y la sociedad, para crear mercados e
instituciones financieras que se encuentren al servicio de las personas, que
sean capaces de responder a las necesidades del bien común y la fraternidad
universal38 y no estén motivados únicamente por intereses
comerciales con fines de lucro.
2. Razón de
ser del gobierno: garantizar el destino universal de los bienes.
La humanidad ha recibido de Dios la misión de tratar y manejar sabiamente los recursos del medio ambiente, agua y otros, que son "bienes públicos" y como tales contribuyen a la "bien común global" y para llevarlo a cabo son esenciales instituciones proporcionales. Estas instituciones deben hacerse cargo de asegurar a nivel mundial el destino universal de los bienes.
La Doctrina Social de la
Iglesia, de hecho, fundó la ética de las relaciones de propiedad con respecto a
los bienes de la tierra en la perspectiva bíblica que indica el conjunto como
un regalo de Dios para todos los seres humanos: "Dios ha destinado la
tierra y cuanto ella contiene para el uso de todos los hombres y todos los
pueblos, y por lo tanto los bienes creados deben ser para todos en abundancia,
según la regla de justicia, inseparable de la caridad. Por lo tanto,
cualesquiera que sean las formas de propiedad, adaptadas a las instituciones
legítimas de los pueblos según las circunstancias diferentes y cambiantes,
siempre se debe tener en cuenta este destino universal de los bienes. Al hacer
uso de estos bienes se deben considerar las cosas externas que legítimamente se
poseen no sólo como tal, sino también como comunes, en el sentido de que pueden
beneficiar no sólo al poseedor sino también a los demás"
El uso correcto de los
bienes materiales, incluido el uso de agua, es un derecho natural e inviolable,
de valor universal, en cuanto a que es para todo ser humano. Debe ser protegido
y hecho efectivo con leyes e instituciones adecuadas40.
3.3.- Nuevas
políticas.
1.
Políticas para el agua.
La promoción del bien común
-que incluye la creación de condiciones sobre protección y promoción del
derecho al agua- es un "deber de las autoridades civiles".
Necesitamos, por lo tanto,
las políticas que protejan el derecho antes mencionado, en sus condiciones
actuales de aplicación. En este sentido, la Santa Sede es consciente de que las
situaciones son muy diferentes. Esto obligará a pensar en políticas que son válidas
y eficaces para diferentes contextos.
a. Los
agentes privados.
Teniendo en cuenta que la
autoridad pública tiene la función de regulación y control, en el caso de los
agentes privados para el agua, hay que decir que es imposible establecer reglas
o normas universales de asociación público-privada. Si bien es comprensible y lógico
que los agentes privados tiendan a desarrollar actividades rentables, no hay
que olvidar que el agua tiene un valor social y debe ser accesible a todos. En
este sentido, las autoridades deben garantizar, mediante una legislación
adecuada, que el agua conserva su destino universal, "prestando especial
atención a los sectores más vulnerables de la sociedad".
Los actores privados tienen
un papel vital en el desarrollo continuo y la gestión de diversos recursos
naturales y, por lo tanto, no serán excluidos de antemano. Sin embargo no deben
comportarse como si el agua fuera un bien puramente comercial y no un
"bien público". Se trata de seguir un comportamiento
"virtuoso", es decir, gestionar los servicios de distribución de agua
para la satisfacción del bien común.
b. Las
políticas públicas.
Deben promoverse políticas
"valientes", diseñadas con previsión, no influenciadas por intereses
particulares o realizadas de forma oportunista para lograr el éxito electoral.
En cuanto al agua, el mundo político debe actuar de manera responsable,
evitando los intereses económicos inmediatos o ideologías que en última
instancia, humillan la dignidad humana. El derecho positivo debe basarse en los
principios de la ley moral natural para garantizar el respeto de la dignidad y
el valor de la persona humana que puede
verse afectada si el derecho al agua no está garantizado y promovido.
Por tanto, la legislación y
las estructuras deben estar al servicio del derecho al agua. Pero sobre todo,
impulsadas por personas rectas, o personas con una fuerte conciencia del bien común
y del "bien público", que es el agua.
2.
Políticas basadas en la solidaridad.
Las políticas deben ser una expresión de la “solidaridad inter e infra generacional”, entendidas como preocupación por el bien común, generosas, unánimes, sistemáticas, dependientes de los contextos históricos. Por lo tanto, deben ser diseñadas teniendo en cuenta las condiciones concretas de su realización, para atender a la necesidad de proporcionar a todos, el acceso al agua.
La Santa Sede reafirma la
urgente necesidad moral de una nueva solidaridad44 respecto a
los recursos naturales y la gestión del medio ambiente, en particular del agua,
de acuerdo con una dimensión internacional, que abarca los países más pobres, y
que implica un uso conservador de los recursos del planeta. Recuerda, también, que
para traducirla "en una acción eficaz, necesitamos nuevas ideas, que
mejoren las condiciones de vida en áreas importantes”45, así como
decisiones éticamente cualificadas.
Sin una solidaridad real, no
podemos concebir mecanismos financieros o políticas de diseño funcional para
poner en práctica el derecho al agua. La solidaridad, de hecho, es una virtud
de carácter ético, que promueve una vida digna para todos, facilitando el acceso
a los bienes básicos.
Si se descuida la dignidad
humana, son vanas las reformas de las estructuras de gobierno y la orientación
que ofrecen los grandes principios morales.
3. La
participación de la sociedad civil.
La Santa Sede, en esta
ocasión, no olvida que la gestión del agua no es un problema sólo con algunos
técnicos, políticos o administradores. Es y debe ser una preocupación de todos,
de la sociedad civil en su conjunto. Esta última utiliza en particular la ayuda
de la comunidad política para lograr sus propósitos. Sin embargo, esto no
quiere decir que la sociedad civil pueda ser sustituida de su responsabilidad
primaria. La comunidad política está para servir a los fines de la sociedad
civil y recibe de ella la tarea de producir todas las políticas e instituciones
que son necesarias para el bien común.
La autoridad política
realiza bien su tarea si la protección y promoción del derecho al agua refuerza
la contribución de la sociedad civil, e insta a que se organice. La gestión adecuada
de la propiedad pública, que es el agua, se lleva a cabo según la solidaridad y
la subsidiariedad. La sociedad civil es la responsable final cuando la
comunidad política no se presenta a sí misma capaz de realizar su tarea y debe
movilizarse para que esto suceda.
3.4.- Sobriedad y justicia.
En una sociedad que persigue el objetivo de desarrollo sostenible e inclusivo, todos estamos llamados a vivir en sobriedad y justicia.
1.
Moderación en el consumo.
Algunas sociedades tienen la
posibilidad y el hábito de consumir, por muchas cuestiones más o menos
esenciales, varias veces al día, la cantidad de agua necesaria para una vida
digna mientras que otras sociedades carecen trágicamente de ella. No se puede
aprobar esta desigualdad en el acceso y consumo de agua.
No se puede felicitar a las
sociedades que utilizan el agua para fines innecesarios, presas de un
consumismo cada vez más desenfrenado, impulsado la acumulación ilimitada de bienes48, ya que
estas prácticas son contrarias al desarrollo sostenible. El consumo o el ahorro
de agua en un determinado lugar, especialmente en un país avanzado, podría tener
consecuencias en otros lugares, particularmente en los países en desarrollo.
El agua constituye un
"sistema" a escala mundial e, incluso si no existe una relación directa
entre su consumo y disponibilidad en dos lugares diferentes, hay otros vínculos
indirectos que deben considerarse: transportar, depurar y consumir agua cuesta
y requiere energía. Sin embargo, las sumas requeridas podrían ser más útiles
invertidas en ayudar a los más pobres. No sin olvidar el hecho de que dicha
energía a veces se extrae de las regiones que más lo necesitan.
La Santa Sede, por lo tanto,
reitera la importancia de la moderación en el consumo, invoca la
responsabilidad de los gobiernos, empresas y particulares. Esta sobriedad se apoya
en valores como el altruismo, la solidaridad y la justicia.
2.
Principio de justicia.
El principio de justicia,
que consiste en aspectos conmutativos, contributivos, distributivos, o como
justicia social, debe inspirar las soluciones de la problemática del agua.
Este mismo principio debe, por
ejemplo, orientar la distribución equitativa de las inversiones necesarias para
desarrollar y promover la aplicación del derecho al agua.
Los países en desarrollo y
las economías emergentes deben contribuir a estas inversiones, en proporción a
su capacidad, complementando así a los países donantes tradicionales. La
comunidad internacional, por su parte, está llamada a adoptar formas innovadoras
de financiación. Entre éstas puede ser incluida la representada por el capital derivado
de un posible impuesto a las transacciones financieras.
El principio de justicia
también debe ayudar a determinar los daños causados al agua y proponer posibles
reparaciones o sanciones. Para ello aparecen los tribunales funcionales
facultados para recibir quejas de las personas cuyo derecho al agua no está garantizado.
Asimismo, el referido
principio constituye la distribución equitativa del agua. La Santa Sede, a este
respecto, subraya que existen unos niveles mínimos para una existencia digna,
que no estaba garantizada en muchos países en desarrollo, que se deben cumplir prioritariamente
en comparación con otros altos niveles de consumo, típicos de los países más
desarrollados.
Por otra parte, para la
Santa Sede, la justicia, en armonía con el principio de subsidiariedad, debería
funcionar en todos los niveles, desde el nivel local al transfronterizo, desde
el nacional hasta el regional, desde el continental hasta el internacional.
Como la solidaridad, debe ser inter e infra generacional.
 |
4.- CONCLUSIONES.
Miles de millones de
personas siguen sin tener agua en cantidad o calidad suficiente para una vida
digna, segura y cómoda. La Santa Sede, confiando en el sentido de la responsabilidad
de los diferentes actores involucrados en la gestión del agua, quieren compartir
sus puntos de vista con los gobiernos y con todas las personas de buena voluntad.
Recuerda el deber de solidaridad, y la esperanza para que estos compromisos se
cumplan y que se adopten soluciones sostenibles con urgencia y con especial atención
a los más vulnerables y a las generaciones futuras. Los próximos eventos internacionales
podrán ofrecer estas soluciones, justas y medioambientalmente sostenibles, con
el apoyo de mecanismos innovadores que garanticen el cumplimiento y la rápida
aplicación. No se puede ignorar que en la aplicación del derecho al agua influye
la diferencia entre la financiación que se considera necesaria y la que es movilizada
en realidad. El agua es con demasiada frecuencia objeto de contaminación, despilfarro
y especulación, de controversia y causa de conflicto persistente. Más bien, debería
conservarse como un bien universal que es esencial para el desarrollo integral de
los pueblos y para la paz.
No hay comentarios:
Publicar un comentario