Europa renuncia a unificar su política sobre cultivos transgénicos.
Cada país
podrá decidir el uso de semillas modificadas dentro de su territorio.
"No
estamos satisfechos con los cambios", sostiene el Gobierno español.
Manuel
Planelles / Ignacio Fariza Madrid / Bruselas 13 ENE
2015 - 20:38 CET26
El
Parlamento Europeo, gracias al respaldo mayoritario de socialdemócratas y
populares, ha aprobado este martes la reforma de la directiva comunitaria
sobre cultivos transgénicos, unos cambios que llevaban bloqueados
desde hace cuatro años. En este polémico asunto, en el que los Estados están
enfrentados en bloques, la Unión Europea se ha decantado por no fijar una
posición única y ofrece la posibilidad a los distintos Gobiernos de prohibir
los cultivos que otros Gobiernos sí pueden admitir. Hasta ahora, las escasas
autorizaciones para semillas modificadas genéticamente eran para todos los
países de la Unión Europea, según ha resaltado Fernando Miranda, director
general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura español.
España, el principal productor de maíz transgénico de la UE, se ubica claramente en el bloque de Estados favorables a este tipo de cultivos. "No estamos satisfechos con los cambios", sostiene Miranda. "Esperábamos que hubiera supuesto una agilización, pero es solo un paso", ha añadido.
Los cambios no parecen haber contentado a nadie. Para Monsanto, la única empresa que opera ahora en Europa con su maíz transgénico, que los Estados puedan prohibir las autorizaciones para nuevos cultivos modificados "socava el mercado único". "Es un precedente peligroso", ha sostenido Carlos Vicente Alberto, responsable de Sostenibilidad para Europa y Oriente Medio de Monsanto.
España, el principal productor de maíz transgénico de la UE, se ubica claramente en el bloque de Estados favorables a este tipo de cultivos. "No estamos satisfechos con los cambios", sostiene Miranda. "Esperábamos que hubiera supuesto una agilización, pero es solo un paso", ha añadido.
Los cambios no parecen haber contentado a nadie. Para Monsanto, la única empresa que opera ahora en Europa con su maíz transgénico, que los Estados puedan prohibir las autorizaciones para nuevos cultivos modificados "socava el mercado único". "Es un precedente peligroso", ha sostenido Carlos Vicente Alberto, responsable de Sostenibilidad para Europa y Oriente Medio de Monsanto.
Justo en la
postura opuesta está Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, para quien los
cambios aprobados este martes —que entrarán en vigor en primavera— implican
"agilizar la tramitación de nuevos transgénicos", algo de lo que se
beneficiarán las empresas. "Puede suponer una entrada masiva de
transgénicos en España", ha alertado Kucharz.
Miranda, del Ministerio de Agricultura, no ha ocultado que el objetivo que ha perseguido España en las negociaciones ha sido que se desbloqueara la aprobación de los permisos para los nuevos cultivos que ya cuentan con el aval de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Cinco de esas autorizaciones llevan años a la espera de una decisión de la Comisión Europea, ha apuntado Carlos Vicente, de Monsanto. Pero la división de opiniones entre los países hace que no exista una mayoría suficiente para aprobar o rechazar esos nuevos permisos que están en cola.
Los cambios introducidos ahora en la directiva sobre cultivos permitirán que cualquier Estado pueda vetar un transgénico en su territorio. "Y autoexcluirse del proceso de autorización", añade Miranda. "El problema es que no se ha establecido que los países que se autoexcluyan queden fuera de las votaciones sobre nuevos permisos", ha resaltado este cargo de Agricultura. Es decir, los Estados que decidan vetar un cultivo modificado en su territorio podrían seguir decidiendo sobre las autorizaciones que afectan a otros países favorables al uso de las semillas transgénicas. "El bloqueo a los permisos se podrá mantener", ha indicado Miranda.
"El debate entre los pro y los antitransgénicos está lejos de concluir", ha apuntado el eurodiputado liberal belga Frédérique Ries, ponente de la legislación durante su tramitación parlamentaria. "Este acuerdo permitirá más flexibilidad para los Estados miembros", ha añadido. Entre los grandes países de la UE las posiciones se dividen entre los favorables a este tipo de cultivos (Reino Unido y España) y aquéllos que se oponen a su desarrollo (Alemania y Francia).
Greenpeace, al igual que Ecologistas en Acción, ha interpretado que los cambios introducidos permitirán que algunas comunidades autónomas cumplan su deseo de vetar los transgénicos. "Animamos a las comunidades autónomas a seguir los pasos del País Vasco y solicitar la prohibición de estos cultivos en su territorio", ha sostenido Greenpeace. El Ministerio de Agricultura recuerda que las autorizaciones para cultivos son competencia estatal.
Miranda, del Ministerio de Agricultura, no ha ocultado que el objetivo que ha perseguido España en las negociaciones ha sido que se desbloqueara la aprobación de los permisos para los nuevos cultivos que ya cuentan con el aval de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Cinco de esas autorizaciones llevan años a la espera de una decisión de la Comisión Europea, ha apuntado Carlos Vicente, de Monsanto. Pero la división de opiniones entre los países hace que no exista una mayoría suficiente para aprobar o rechazar esos nuevos permisos que están en cola.
Los cambios introducidos ahora en la directiva sobre cultivos permitirán que cualquier Estado pueda vetar un transgénico en su territorio. "Y autoexcluirse del proceso de autorización", añade Miranda. "El problema es que no se ha establecido que los países que se autoexcluyan queden fuera de las votaciones sobre nuevos permisos", ha resaltado este cargo de Agricultura. Es decir, los Estados que decidan vetar un cultivo modificado en su territorio podrían seguir decidiendo sobre las autorizaciones que afectan a otros países favorables al uso de las semillas transgénicas. "El bloqueo a los permisos se podrá mantener", ha indicado Miranda.
"El debate entre los pro y los antitransgénicos está lejos de concluir", ha apuntado el eurodiputado liberal belga Frédérique Ries, ponente de la legislación durante su tramitación parlamentaria. "Este acuerdo permitirá más flexibilidad para los Estados miembros", ha añadido. Entre los grandes países de la UE las posiciones se dividen entre los favorables a este tipo de cultivos (Reino Unido y España) y aquéllos que se oponen a su desarrollo (Alemania y Francia).
Greenpeace, al igual que Ecologistas en Acción, ha interpretado que los cambios introducidos permitirán que algunas comunidades autónomas cumplan su deseo de vetar los transgénicos. "Animamos a las comunidades autónomas a seguir los pasos del País Vasco y solicitar la prohibición de estos cultivos en su territorio", ha sostenido Greenpeace. El Ministerio de Agricultura recuerda que las autorizaciones para cultivos son competencia estatal.
España, a la
cabeza de la producción.
España,
donde se cultiva una variedad de maíz modificada genéticamente desde 2003, está
a la cabeza de Europa en este tipo de plantaciones. 2014 se cerró con más de
131.500 hectáreas cultivadas de maíz MON810, propiedad de la multinacional
Monsanto. En este momento, este es el único cultivo transgénico que se emplea
en toda la Unión Europea, según Carlos Vicente Alberto, director de
Sostenibilidad para Europa y Oriente Medio de Monsanto. Esas 131.500 hectáreas
de MON810 equivalen al 31,6% de todo el maíz de grano que se cultiva en España.
A gran distancia se sitúa Portugal, con cerca de 8.500 hectáreas cultivadas de esta variedad modificada, lo que supone una cuota de alrededor del 30%, según los datos que maneja este directivo de Monsanto. Luego, con extensiones mucho menores, vendrían otros Estados europeos como República Checa, Rumanía y Eslovaquia, donde también se admite el cultivo del maíz transgénico.
Dentro de España, la distribución es bastante desigual y se centra en el valle del Ebro y algunas zonas de Extremadura y Andalucía. El destino de este maíz —“como el del no modificado”, resalta Vicente— es la producción de piensos, aunque la autorización europea, que data de 1998, incluye también el consumo humano.
El directivo de Monsanto destaca que la principal “ventaja” del maíz que comercializa su compañía es la resistencia a la plaga del taladro. Y la distribución territorial de este cultivo modificado en España se corresponde con las zonas en las que hay más incidencia de este insecto, detalla Vicente.
A gran distancia se sitúa Portugal, con cerca de 8.500 hectáreas cultivadas de esta variedad modificada, lo que supone una cuota de alrededor del 30%, según los datos que maneja este directivo de Monsanto. Luego, con extensiones mucho menores, vendrían otros Estados europeos como República Checa, Rumanía y Eslovaquia, donde también se admite el cultivo del maíz transgénico.
Dentro de España, la distribución es bastante desigual y se centra en el valle del Ebro y algunas zonas de Extremadura y Andalucía. El destino de este maíz —“como el del no modificado”, resalta Vicente— es la producción de piensos, aunque la autorización europea, que data de 1998, incluye también el consumo humano.
El directivo de Monsanto destaca que la principal “ventaja” del maíz que comercializa su compañía es la resistencia a la plaga del taladro. Y la distribución territorial de este cultivo modificado en España se corresponde con las zonas en las que hay más incidencia de este insecto, detalla Vicente.
A modo de síntesis.
Amigos de la Tierra, CECU, COAG, Ecologistas en Acción y PALT,
consideran que esta decisión va a repercutir negativamente en el sector
agrícola español con la entrada masiva de cultivos transgénicos.
España es el país con más superficie de cultivos transgénicos en la Unión
Europea, muy por encima de los otros cuatro Estados que producen comercialmente
organismos modificados genéticamente (OMG), República Checa, Eslovaquia,
Rumanía, y Portugal. En la actualidad, hay un único cultivo transgénico
permitido en Europa, el maíz transgénico MON810 de Monsanto, pero con esta
nueva ley, el Estado podría abrir la puerta a muchas más variedades.
En este contexto, la decisión final de aceptar la propuesta sitúa al Estado Español en una posición muy vulnerable. La ley agilizaría la tramitación de autorizaciones de nuevos transgénicos a nivel europeo. Para España, esto significaría la entrada masiva e incontrolada de cultivos transgénicos, contaminación transgénica de la cadena alimentaria, y afectaría seriamente al sector de la agricultura ecológica (con más de 1,6 millones de hectáreas, 34.000 operadores y casi cuatro mil industrias en 2013).
En este contexto, la decisión final de aceptar la propuesta sitúa al Estado Español en una posición muy vulnerable. La ley agilizaría la tramitación de autorizaciones de nuevos transgénicos a nivel europeo. Para España, esto significaría la entrada masiva e incontrolada de cultivos transgénicos, contaminación transgénica de la cadena alimentaria, y afectaría seriamente al sector de la agricultura ecológica (con más de 1,6 millones de hectáreas, 34.000 operadores y casi cuatro mil industrias en 2013).
¿Qué compromisos técnicos conlleva?.
- Existe la opción, que dependerá del Estado, de que la primera valoración sobre la prohibición o no de un cultivo OMG provenga de las empresas biotecnológicas. Aunque los Gobiernos también pueden prohibir el cultivo sin la intromisión de la industria. Las organizaciones firmantes critican la idea de que los Estados soberanos y gestores de riesgos pidan permiso a las empresas para tomar una decisión sobre los cultivos transgénicos en sus territorios.
- Los gobiernos tienen el derecho de prohibir grupos de cultivos transgénicos, ya sea por variedad de cultivo o por características del mismo, por ejemplo, todas las plantas de maíz transgénico o todos los cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas.
- Los estados pueden iniciar la prohibición de los cultivos tanto en el proceso de autorización europeo como posteriormente, hasta la duración total de 10 años. Además, el gobierno puede levantar una prohibición existente sin previo aviso.
A su vez,
con la nueva ley, se corre el peligro de crear una Europa “a dos velocidades”:
aquellos Estados más sensibles ambientalmente y más preocupados por la
sostenibilidad de su agricultura tendrán la posibilidad de prohibirlos en su
territorio, mientras otros Estados miembros darán vía libre a la entrada de
nuevas variedades transgénicas.
La propuesta no contempla la obligatoriedad de proteger los cultivos tradicionales y ecológicos que puedan verse afectados, lo cual implica un grave riesgo para la biodiversidad, la agricultura y la alimentación.
Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra España, ha señalado que "a pesar de la situación de España, ésta es una gran oportunidad para que el Gobierno cierre la puerta a los cultivos modificados genéticamente, y encaminar nuestra agricultura hacia un enfoque más sostenible. La ciudadanía ha rechazado continuamente los cultivos modificados genéticamente y apoya una agricultura más ecológica y local. Esta nueva ley permite a los gobiernos estatales prohibir todas las semillas de maíz modificado genéticamente para que Europa sea libre de transgénicos, y es necesario aprovecharla”.
La propuesta no contempla la obligatoriedad de proteger los cultivos tradicionales y ecológicos que puedan verse afectados, lo cual implica un grave riesgo para la biodiversidad, la agricultura y la alimentación.
Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra España, ha señalado que "a pesar de la situación de España, ésta es una gran oportunidad para que el Gobierno cierre la puerta a los cultivos modificados genéticamente, y encaminar nuestra agricultura hacia un enfoque más sostenible. La ciudadanía ha rechazado continuamente los cultivos modificados genéticamente y apoya una agricultura más ecológica y local. Esta nueva ley permite a los gobiernos estatales prohibir todas las semillas de maíz modificado genéticamente para que Europa sea libre de transgénicos, y es necesario aprovecharla”.
Es por tanto
importantísimo, ha recalcado Spendeler que “el Gobierno de España siga la línea
de los países europeos y represente de verdad a la ciudadanía y no a la
industria biotecnológica, rechazando completamente el cultivo de transgénicos
en el país”.
Ante este panorama, las organizaciones firmantes instan al Gobierno español a tomar las medidas necesarias para prohibir definitivamente el cultivo y la experimentación con OMG en nuestro territorio.
Ante este panorama, las organizaciones firmantes instan al Gobierno español a tomar las medidas necesarias para prohibir definitivamente el cultivo y la experimentación con OMG en nuestro territorio.
Ecologistas en Acción
c/ Marques de Leganés 12 - 28004 Madrid
Teléfono fijo: +34 91 531 27 39
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