Albanese, una luz sobre el genocidio

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Francesca Albanese, relatora de la ONU para los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, ha presentado en Madrid su libro “Mientras el mundo duerme”, una denuncia valiente y aterradora sobre la actuación del gobierno de Israel en Gaza.

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó el genocidio israelí sobre Gaza, Albanese ha publicado cinco informes, caracterizados por su documentación sólida, su rigor jurídico y su precisión política al señalar las responsabilidades sobre el genocidio contra la población palestina. También ha señalado las complicidades internacionales que permiten sostenerlo, precisando cómo empresas tecnológicas, corporaciones armamentísticas, fondos de inversión y grandes actores financieros participan, directa o indirectamente, en un sistema que convierte la devastación palestina en oportunidad de negocio.

Ha hecho lo que el poder no tolera: Poner nombre y apellidos a los responsables políticos, militares y económicos de la destrucción de Palestina.

La relatora de la ONU sufre desde hace meses la persecución de la Administración de Donald Trump, con una campaña de intimidación política, mediática y diplomática destinada a desacreditar su trabajo y silenciar sus denuncias. A principios del pasado año, Trump decretó severas sanciones contra ella por investigar los crímenes en Gaza. Las medidas incluyen la cancelación de cuentas y servicios bancarios, restricciones para viajar, y otro tipo de obstáculos para impedir que haga su trabajo. Las sanciones económico-financieras implican, por ejemplo, que no puede ser titular de una cuenta bancaria, comprar un billete de tren online o contratar un seguro de vida. Las sanciones tienen efecto también en la Unión Europea.

Una situación similar afrontan 11 jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional, lo cual es extraordinariamente grave. No se trata únicamente de desacreditar a determinadas figuras incómodas. Es un ataque frontal contra el derecho internacional y contra el sistema de garantías construido tras la Segunda Guerra Mundial. Se trata de deslegitimar a Naciones Unidas, desacreditar a la Corte Penal Internacional y convertir en sospechosas las voces que documentan la devastación de Gaza. Las sanciones llevan un mensaje claro y disciplinador: Quien ose investigar a Israel será castigado. Son una forma de coerción mafiosa: Castigar a quienes investigan para que el resto aprenda la lección.

El presidente español, Pedro Sánchez, sostiene que dichas sanciones “suponen un precedente muy preocupante que compromete el funcionamiento independiente de instituciones esenciales para la justicia internacional” y “erosionan toda la arquitectura normativa que sustenta las relaciones internacionales”. Por ello ha pedido a la Comisión Europea a activar el Estatuto de Bloqueo, una herramienta que permitiría dejar sin efecto en Europa las sanciones contra Albanese y los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional. La Comisión ha ignorado la petición de Sánchez.

Durante su estancia en España, Francesca Albanese mantuvo reuniones con instancias gubernamentales y con sectores políticos y sociales progresistas.El presidente Sánchez la condecoró la Orden del Mérito Civil, por su labor de documentación y denuncia de las violaciones del derecho internacional en Gaza.

“Lo que tenemos en común quienes hemos sido sancionados por Estados Unidos es que luchamos por la justicia", ha dicho la relatora, que también ha censurado la parálisis de los dirigentes europeos ante el exterminio palestino. "No somos mejores que quienes miraron a otro lado mientras deportaban a los judíos", ha afirmado.

Las instituciones europeas, en efecto, han respondido con tibieza ante la destrucción sistemática del pueblo palestino, refugiándose en un silencio que no es neutral, sino cómplice. La normalización de la impunidad no es menos insoportable que la magnitud de la violencia.