En el Día
Mundial de las Personas Refugiadas, las Entidades de Iglesia: Cáritas Diocesana
de Tenerife, CONFER, Delegación Diocesana de Migraciones, Radio ECCA Fundación
Canaria, Fundación Proyecto Don Bosco, Sector Social de la Compañía de Jesús
y Justicia y Paz Tenerife, nos hemos unido para
recordar que queremos dar otro tipo de respuestas ante la realidad de las
personas refugiadas, no sólo en la frontera Este de Europa sino también aquí,
en la frontera Sur.
La sociedad
española ha mostrado su solidaridad, a través de distintas movilizaciones,
solicitando a las autoridades un cambio en el tipo de políticas que se están
llevando a cabo.
Hoy, día 20
de junio de 2016, las entidades abajo firmantes queremos sumarnos a ese mensaje,
queremos decir alto y claro que Somos Tierra de Acogida, que priorizamos
en la Hospitalidad, Dignidad y Derechos de las personas Migrantes, y por
ello, solicitamos tanto al actual Gobierno en funciones como al futuro
Ejecutivo, que se conforme tras las elecciones del próximo 26 de junio, que
asuman las siguientes propuestas:
- Priorizar en salvar vidas: es necesario cambiar el enfoque de las políticas de migración y asilo, poniendo a la persona y sus derechos en el centro. Reforzando las operaciones de búsqueda y rescate, en lugar de priorizar en el control de las fronteras con acciones que vulneran los derechos humanos: vallas, concertinas, gas lacrimógeno, aerosoles de pimienta, cañones de agua, detención e intimidación. También es necesaria la derogación de la disposición final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana, que permite el rechazo en frontera, en Ceuta y Melilla, sin cumplir con las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Protección Internacional.
- Garantizar vías de acceso legales y seguras: es urgente habilitar vías legales de acceso que permitan a las personas llegar a territorio europeo sin arriesgar sus vidas en viajes peligrosos y poniéndose en manos de las redes de tráfico de personas. Alternativas como los visados humanitarios, la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de España en el extranjero; o procesos agiles y eficaces de reubicación, reasentamiento y reagrupación familiar.
- Retirar el apoyo al Acuerdo UE- Turquía: es necesario que España no sea cómplice en un acuerdo que vulnera los Derechos Humanos y la Protección Internacional de las personas migrantes.
- Garantizar el cumplimiento en materia de asilo: se debe respetar el derecho humano universal a pedir asilo, sea cual sea el país de origen o llegada, con procedimientos justos, individualizados, rápidos y eficientes. Debe ser prioritario aprobar un reglamento que desarrolle la Ley sobre Protección Internacional en España, pendiente desde 2009.
- Cumplir y ampliar los compromisos de reubicación y asentamiento: España, junto al resto de los países europeos, lleva desde 2015 negociando cupos de personas refugiadas, sin atender que son personas y no números, y en todo caso, sin un cumplimiento real de esos cupos. Es urgente que España cumpla con los compromisos acordados a la mayor brevedad, dando prioridad a la llegada a España de personas refugiadas y habilitando los mecanismos para ello.
- Reforzar las políticas de integración: la política migratoria y de asilo debe facilitar soluciones adecuadas y sostenibles en el tiempo para la acogida e integración de las personas migrantes y refugiadas. Deben ser políticas reales de integración que apuesten por la convivencia y el diálogo intercultural, una gestión positiva de la diversidad y la lucha contra el racismo y la xenofobia.
- Potenciar la Ayuda al Desarrollo: No podemos olvidar las causas de las migraciones forzadas. Es necesario que España fortalezca la política pública de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, recuperando progresivamente el compromiso de destinar el 0.7% de la Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo. Los fondos empleados en la atención a las personas refugiadas no deben restarse de los asignados a la Cooperación y Ayuda al desarrollo, creando fondos específicos y adicionales para ello.
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