Justicia Social e impuestos

Cada 20 de febrero se celebra el “Día de la Justicia Social”. Y ¿qué es eso de “Justicia Social”?,… La justicia social es un concepto que comúnmente hace referencia a la igualdad y equidad social, la igualdad de oportunidades, el Estado de bienestar, la distribución de la renta, los derechos laborales y sindicales, la lucha contra la pobreza, etc. Se le define como la obligación que tiene el Estado de procurar el equilibrio y la equidad entre la población, principalmente en favor de las personas desfavorecidas.¹​ Para algunos, la justicia social solo puede definirse a partir del hecho concreto de la injusticia social.²​ Algunos estudios³​ afirman que el concepto «justicia social» se corresponde con la «justicia distributiva» de Aristóteles. En el 2007, las Naciones Unidas proclamaron el 20 de febrero de cada año, como Día Mundial de la Justicia Social. (Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_social).

Pinta bien, ¿qué hay de malo en este párrafo tomado de la wikipedia?, nada; más bien al revés: algo que significa mucho para el Bien Común, algo que va en favor de la equidad, de la igualdad de oportunidades, de que todos podamos tener acceso al menos a lo más elemental básico para el desarrollo humano.

Sin embargo no faltan voces que tratan de quitarle valor a la enseñanza pública a la que todo el mundo tiene acceso aún careciendo de todos los recursos; de la sanidad pública, que sufre en la actualidad serios problemas: necesitaría mayor equipamiento humano para poder hacer frente a las enormes listas de espera para ciertas intervenciones médicas de las que no son responsables los equipos médicos sino de una administración pública que se niega a dotarla de los medios necesarios para poder atender a los pacientes de manera mucho más digna;…

Podríamos citar muchos más servicios públicos que realizan excelentes labores con coste casi 0 para los beneficiarios… con el valor añadido además de un buen control de esos servicios de manera que sirvan a los fines para los que fueron creados.

Ese buen control -mejorable, por supuesto- y la equidad  presente en ellos hacen que sean una garantía, un gran beneficio para toda la ciudadanía.

Un ejemplo: Pensiones públicas.

Hay un debate creciente sobre este tema y con razón. En el año 2023 se presupuestaron 190.000 millones de euros para el pago de todos los tipos de pensiones. Mucho dinero ¿verdad?, ¿se imaginan eso en poder de los bancos y ciertas empresas que no cesan de salibar viendo eso en sus bolsillos?. Hay muchos intereses creados detrás de la expresión “las pensiones públicas ya no son sostenibles”; ya saben aquello de que el primer paso para lograr el control de algo o de alguien es en primer lograr DEGRADARLE todo lo que se pueda. Pues bien, están en ese paso quienes no cesan de denigrar las pensiones públicas y reclamar “planes de pensiones privados” (porque para eso sí hay dinero, claro).

Hay plataformas como la MERP que ya llevan más de 10 años montando mesas en las calles y plazas de nuestras ciudades a lo largo de toda España para informar de lo que significan las pensiones públicas y del porqué y para qué defender el plan público de pensiones en contra de esos intereses mercantilistas de algunos que lejos de pensar en el Bien Común sólo miran su bolsillo. En los más de tres millones de firmas recogidas en este tiempo a pie de calle y la implicación de las 500 organizaciones sociales que respaldan esta labor se demuestra que hay una clara intención de trabajar por lo que sea garantía para el Bien Común.

Es sólo un botón de muestra para poder entender lo que significa luchar por el bien de toda la ciudadanía.

Mas ¿quién es el Estado?. 

Decíamos en el primer párrafo que es el Estado quien debe “procurar el equilibrio y la equidad entre la población, principalmente en favor de las personas desfavorecidas” pero… ¿quién es el Estado?, ¿el gobierno de turno?, ¿uno u otro partido político asentado en el poder?.

El Estado somos toda la ciudadanía de este país. Hay un gobierno u otro que elegiremos democráticamente y ese gobierno tendrá el encargo de gestionar adecuadamente la cosa pública para que sea posible ese equilibrio y equidad social, pero eso no se podrá conseguir si cada uno lo único que mira son sus únicos intereses individualistas.

No podemos pretender construir un país fuerte, solvente, una sociedad bien fundamentada si no tomamos conciencia de que el Estado somos todos y para ese Bien Común necesitamos remar todos en la misma dirección.

Los impuestos. 

A menudo encontramos quejas de que en este país hay muchos impuestos y pocas evidencias de que se traduzcan en un bien para toda la ciudadanía. Mas… ¿qué sería de todos los servicios públicos: Sanidad pública y gratuita, Enseñanza pública y gratuita, Servicios sociales, Viviendas de Protección Social, Parques de bomberos, Policía, etc… etc… si no hubiera impuestos?.

¿Podrían gestionarse mejor?, pues seguro que sí, así que reclamemos, pidamos control de la forma en que administran los caudales pues estamos en nuestro derecho y es nuestro deber también, pero no eludamos nuestra responsabilidad. Sin embargo es curioso ver y escuchar a gente que toma como modelo a quien defrauda, engaña, se enriquece aunque sea de manera ilícita, evade capitales al extranhero o a paraísos fiscales, defrauda a Hacienda, estafa al desprevenido, explota, o roba al que se pueda. Y cuando se ve gente que prospera económicamente y se permite lujos que son impensables para la inmensa mayoría encima se les tilda de "triunfadores", exitosos,...

No ha de ser nuestro modelo el que engaña, estafa, defrauda sino aquél que cumple con sus obligaciones de ciudadano sea empresario u obrero, banquero o simple depositario de su dinero,…necesitamos rescatar esa escala de valores que ponga en primer lugar el Bien Común con todo lo que conlleve empeñarnos en eso, esa escala de valores es a la que no debemos renunciar si queremos verdadera justicia y que ésta sea social y no un privilegio para unos pocos.

Santi Catalán
santi257@gmail.com