Formación
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona
(1976).Doctor
en Derecho por la Universidad de Barcelona (1986).
El 20 de octubre tuve la oportunidad de participar con los amigos y
amigas de la Fundación Novafeina en la 4ª Jornada empresa + social, dedicada a
“La contratación de personas vulnerables, buena práctica empresarial
socialmente responsable”.
Fue una satisfacción poder compartir nuevamente mis pareceres, reflexiones e ideas sobre las políticas de empleo y la integración de las personas que tienen más necesidades de protección con quienes conocen de primera mano la realidad laboral de esos colectivos y luchan diariamente porque la inserción en el mundo laboral no sea sólo una palabra sino que se convierta en realidad, en un mercado de trabajo que ha vivido situaciones especialmente difíciles durante muchos años y que poco a poco va recuperando una cierta normalidad, aunque desgraciadamente la mejora no llegue, o mucho menos, a aquella parte de la población que por diversos motivos (falta de cualificación, desventajas personales, edad, nacionalidad, etc.) sufre especialmente para permanecer o reincorporarse a dicho mercado, y además en unas condiciones de mínima calidad del trabajo efectuado.
Fue una satisfacción poder compartir nuevamente mis pareceres, reflexiones e ideas sobre las políticas de empleo y la integración de las personas que tienen más necesidades de protección con quienes conocen de primera mano la realidad laboral de esos colectivos y luchan diariamente porque la inserción en el mundo laboral no sea sólo una palabra sino que se convierta en realidad, en un mercado de trabajo que ha vivido situaciones especialmente difíciles durante muchos años y que poco a poco va recuperando una cierta normalidad, aunque desgraciadamente la mejora no llegue, o mucho menos, a aquella parte de la población que por diversos motivos (falta de cualificación, desventajas personales, edad, nacionalidad, etc.) sufre especialmente para permanecer o reincorporarse a dicho mercado, y además en unas condiciones de mínima calidad del trabajo efectuado.
La
definición y conceptualización de colectivos prioritarios o vulnerables
debe lógicamente efectuarse a partir del
marco normativo estatal y autonómico, teniendo presentes las diferencias
existentes a los efectos de definición de cada uno de aquéllos, que además
están regulados en normas diferentes (Ley de Empleo y Ley de Empresas de
Inserción, por poner los dos ejemplos más significativos), si bien es cierto
que los primeros pueden tener muchos puntos de conexión con los segundos por
las dificultades con las que también se encuentran al intentar incorporarse, o
en su caso permanecer, al mercado laboral, pudiendo encontrarnos ante una
realidad laboral en la que, a pesar de la presencia en el mundo del trabajo
como trabajadores ocupados, no se salga de la pobreza; algo, que nos debe hacer
pensar, y mucho, que en las políticas de empleo en general, e igualmente en las
de integración socio-laboral de colectivos vulnerables, no basta sólo con tener
presente dicha inserción, es decir, el número o la cantidad de personas, sino
también la calidad del trabajo y las posibilidades reales de disfrutar de un
trabajo decente y de una vida digna.
Personas amenazadas de pobreza o exclusión social.
A) Si
nos fijamos en primer lugar en los datos facilitados por la oficina estadística
europea Eurostat, el número de personas que están amenazadas de pobreza o
exclusión social en la UE eran 117,5 millones en el año 2016, según los
criterios definidos para considerar a una persona afectada cómo mínimo por una
de estas tres situaciones: en riesgo de pobreza después de las transferencias
sociales (pobreza económica), en situación de privación severa, o viviendo en
hogares con muy baja intensidad de trabajo. Si bien los porcentajes han
disminuido desde que se alcanzara el 25% en 2012, todavía queda mucho por hacer
para avanzar en el logro de los objetivos marcados en la Estrategia Europea
2020, siendo especialmente preocupante para España que la tasa haya aumentado
en 4,1 puntos desde 2008 (de 23,8 a 27,9 %, es decir de 10,786 a 12.827
millones).
B) Para
conocer la realidad española mucho más detalladamente es obligado acudir al
informe anual elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social en el Estado Español (EAPN-ES).
Muy
recientemente ha sido presentado el séptimo informe, que lleva por título
“Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España
2008-2016”. El informe aporta datos estadísticos de indudable interés para
conocer la realidad de la pobreza en España, a partir de los tres criterios
fijados a escala europea por el indicador AROPE, y cómo afecta a personas que
se encuentran en el mundo del trabajo y cuyos ingresos económicos por el trabajo
realizado no son suficientes para permitirles salir de la situación de
vulnerabilidad. Según el citado informe, y con respecto a 2015, el citado
indicador “se ha reducido en 0,7 puntos porcentuales (345.000 personas menos),
hasta llegar al 27,9% de la población, afectando a 12.989.405 personas”,
poniéndose de manifiesto que “es el segundo año que se produce una reducción,
aunque modesta, del indicador”, si bien desde el inicio de la crisis en 2008 el
número de personas en riesgo de pobreza “se ha incrementado en más de 1.242.000
personas”.
De
especial interés para comprender los cambios que está sufriendo el mundo del
trabajo, y su impacto negativo en términos de renta económica disponible para
muchos trabajadores, son los datos del informe que relaciona tasas de pobreza
con la actividad, ya que “un 48,5% (44,8% en 2015) de las personas en desempleo
y el 25,7% (21% en 2015) de las “inactivas” constituyen los grupos más
afectados por la pobreza, si se analiza según la actividad. Sin embargo, una
cuestión muy importante con respecto al perfil de las personas pobres es que
sólo el 31, 4 % de ellas está en paro. Es decir, no es el desempleo lo que
define a la pobreza”.
Y siguiendo la información de lo publicado en el Diario de Avisos del 21/10/2017 hallamos que el peor
dato de Europa lo tiene dos regiones búlgaras, con el 46,2% y 46%; y otras tres
de Rumanía, con el 46%, el 45,9% y el 45,5%. Inmediatamente después está
Canarias.
La tasa
AROPE abarca a personas que cumplen alguno de los tres criterios:
- Vivir con ingresos por debajo de 684 euros (riesgo de pobreza),
- No poder permitirse al menos cuatro de nueve indicadores de consumo básico (privación material severa) y
- Vivir en un hogar con baja intensidad de trabajo (número de meses trabajados por todos los miembros del hogar relacionado con la cantidad de meses que, en teoría, podrían trabajar como máximo todas las personas en edad de trabajar del hogar).
En el
informe dedicado expresamente a Canarias, se apunta que “en términos absolutos,
residen en Canarias unas 735.00 personas en riesgo de pobreza”.
La tasa de desempleo en Canarias, sin embargo a fecha de 30 de septiembre, es de 21'9%, lo cual evidencia clarísimamente que "el tener empleo -incluso totalmente legal- no es garantía alguna de que se pueda escapar de la pobreza". No equivalen las cifras del 44'6% con este 21'9%; es más del doble la diferencia entre ambos indicadores.
PARA LEER MÁS:
No hay comentarios:
Publicar un comentario