La
brutal represión de las protestas en Sudán debe terminar, y los miembros de las
fuerzas de seguridad responsables de matar, herir y torturar a manifestantes
deben rendir cuentas, han afirmado Amnistía Internacional y el Centro Africano
de Estudios de Justicia y Paz (ACJPS) en un informe publicado el 3 de septiembre de 2014.
El
informe, Excessive and deadly: The use of force, detention and tortureagainstprotesters in Sudan, documenta las denuncias de violaciones de derechos humanos
cometidas por las fuerzas de seguridad contra manifestantes —en su mayor parte
pacíficos— durante los últimos dos años. Revela una pauta alarmante de
detención y reclusión arbitrarias, tortura y uso excesivo de la fuerza,
incluido el uso de fuego real, que causa decenas de muertes y heridas. También
revela un estado generalizado de impunidad conforme al cual los presuntos
responsables de estas violaciones no rinden cuentas por ello.
“La violenta represión de la disidencia se ha
traducido en golpes con porra, palizas y balazos contra quienes han denunciado
auténticas injusticias derivadas de la represión y de las medidas de austeridad
económica del gobierno”, ha manifestado Manar Idriss, investigadora de Amnistía
Internacional sobre Sudán.
“El uso innecesario o desproporcionado de la
fuerza —y, en ocasiones, de medios letales— por parte de las fuerzas de
seguridad parece ser un intento deliberado de acallar las protestas. El hecho
de que los miembros de las fuerzas de seguridad no rindan cuentas ilustra la
peligrosa cultura de la impunidad existente en Sudán” ha afirmado KatherinePerks, directora de programa del ACJPS.
El
informe examina cuatro protestas que la policía, el Servicio de Inteligencia y
Seguridad Nacional (NISS) y otras fuerzas de seguridad dispersaron de forma
violenta. Se trata de las protestas de alcance nacional celebradas en junio de
2012 y septiembre/octubre de 2013, y de las manifestaciones en la Universidad de
Al Jazeera en diciembre de 2012 y en la Universidad de Jartum en marzo de 2014.
La
respuesta del gobierno a estas protestas se caracterizó por el uso excesivo de
la fuerza, la detención arbitraria, la tortura y otros malos tratos: las
fuerzas de seguridad golpearon y dispararon con balas de goma y fuego real a
los manifestantes. Durante las protestas de 2013, al menos 185 personas
resultaron muertas.
Uso
ilegítimo de la fuerza.
Durante
las protestas de 2012, doce manifestantes —diez de los cuales eran menores de
edad— murieron por disparos en un solo día. De las 185 personas muertas durante
las manifestaciones de 2013, la mayoría recibió disparos en la cabeza o en el
pecho. Muchas otras recibieron disparos en la espalda. Se tuvo conocimiento de
que una de las personas muertas había resultado herida de bala y que luego le
dispararon de nuevo a quemarropa.
Son
numerosos los casos en los que, según la información recibida, la policía y el
NISS bloquearon el acceso de los manifestantes a los hospitales, o detuvieron a
los manifestantes heridos cuando llegaban para recibir tratamiento médico.
Otros eligieron no ir al hospital por temor a ser detenidos e intimidados.
Detenciones
y reclusiones arbitrarias.
Desde
2012, se ha detenido en régimen de incomunicación sin cargos a cientos de
manifestantes, incluidos decenas de defensores y defensoras de los derechos
humanos, miembros de partidos políticos de oposición, estudiantes y otros
activistas. Según la información recibida, muchas de las personas detenidas
fueron objeto de malos tratos, y los agentes del NISS propinaron puñetazos,
puntapiés, descargas eléctricas y golpes con mangueras de goma a decenas de
ellas.
Los
informes indican que a algunas personas detenidas se las obligó a permanecer de
pie en el exterior, en el calor, durante horas, mientras que a otras se las
recluyó en celdas que se mantenían deliberadamente frías. A algunas se las
obligó a adoptar posturas en tensión, y a otras se las amenazó con violarlas y
se les infligieron otros abusos verbales de naturaleza sexual. A muchas se las
mantuvo en condiciones de hacinamiento y se les negó la comida y el agua, así
como el acceso a servicios de higiene básicos.
Impunidad.
Pese a
que existen indicios verosímiles de violaciones de derechos humanos, el gobierno
de Sudán sigue sin garantizar investigaciones prontas, exhaustivas, imparciales
y efectivas, y tampoco ha tomado medidas para ofrecer reparación a las
víctimas. Aunque ha designado comités y los ha facultado para investigar los
incidentes, nunca ha relevado información sobre su composición, los parámetros
de sus investigaciones y sus conclusiones.
La
inmunidad legal de la que gozan los representantes del gobierno, incluidos los
miembros del NISS y de la policía, ha obstaculizado la rendición de cuentas,
puesto que interpone barreras legales a las investigaciones efectivas y a los
enjuiciamientos de las violaciones de derechos humanos.
Un año
después, solo una de las 85 querellas entabladas por las familias de las
víctimas de las protestas de 2013 ha llegado a juicio. Las denuncias
presentadas por las víctimas y sus familias se han topado con falta de voluntad
para investigar por parte de las autoridades competentes. Algunas de las
personas que presentaron denuncias han sufrido acoso e intimidación, por lo que
la mayoría de las víctimas, conscientes de los riesgos, no han intentado buscar
justicia.
“Las víctimas y sus familias siguen esperando
a que se haga justicia, y es necesario que se lleven a cabo con urgencia
investigaciones transparentes, exhaustivas e imparciales de los homicidios, la
detención arbitraria, la tortura y otros malos tratos infligidos a los
manifestantes desde 2012”, afirmó Katherine Perks.
“Es
esencial que las personas responsables de estas violaciones de derechos humanos
respondan ante la justicia en juicios con las debidas garantías, sin recurrir a
la pena de muerte, y que se reformen urgentemente las leyes que conceden
inmunidad a las fuerzas de seguridad”, ha afirmado Manar Idriss.
Información
general.
Tras la
independencia de Sudán del Sur en 2011, Sudán perdió dos tercios de sus
ingresos procedentes del petróleo, lo que provocó un deterioro de su economía.
Los recortes de las subvenciones a los combustibles, el alto precio de los
alimentos y el entorno cada vez más represivo desencadenaron sendas oleadas de
protestas en 2012 y 2013.
El
informe se basa en investigaciones realizadas entre junio de 2012 y agosto de
2014. Amnistía Internacional y el ACJPS se han basado en testimonios de
testigos presenciales y de víctimas de violaciones de derechos humanos y de sus
familias, así como en información que han recabado de estudiantes
universitarios, activistas pertenecientes a grupos juveniles, periodistas y
abogados que forman parte de la sociedad civil sudanesa.
Amnistía
Internacional tiene vetado el acceso a Sudán desde 2006.
En los
casos en los que los manifestantes recurrieron a la violencia —tirando piedras
y quemando neumáticos—, la respuesta de los servicios de seguridad, que incluyó
episodios de disparos de fuego real, fue innecesaria y desproporcionada.
PARA NUESTRA REFLEXIÓN:
- ¿Qué reflexiones nos hacemos acerca de esta situación (va mucho más allá de hechos aislados) que se vive en Sudán?.
- ¿Cuáles pueden ser las causas o razones por las cuales se produce este tipo de cosas habitualmente y además con esta impunidad?.
- ¿A qué consecuencias se puede llegar de continuar esta situación tal como está?.
- ¿Qué podemos hacer a nivel personal, socioambiental e institucional para contribuir a la solución de este problema?, ¿cuáles son nuestras propuestas?.
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