Desde “Justicia y Paz Tenerife" trabajamos por el respeto a la dignidad humana
que le corresponde a toda persona por el mero hecho de serlo; consideramos que
los Derechos Humanos son patrimonio de cualquier persona; entendemos que todo ser humano es a imagen y
semejanza de Dios, es hijo o hija de Dios;… En coherencia con el ejemplo de
Jesucristo y la Tradición Cristiana que jamás hicieron distingos entre la
población judía y la de otras regiones y también con la D.S.I. (Pacem in Terris
11) no podemos aceptar leyes que vayan en detrimento o atenten contra la
dignidad humana, restrinjan sus derechos ni traten de establecer ciudadanos de 1ª y 2ª categoría.
DENUNCIAMOS:
El Real Decreto
Ley 16/2012 que afecta a quienes aún no han completado el proceso en la
obtención de “papeles”: todos ellos quedaron sin atención sanitaria completa
del sistema sanitario español a partir del 1º de septiembre de 2012 inclusive.
Únicamente tendrán cobertura en la atención de urgencias
hasta el alta, así como la asistencia por maternidad (embarazo, parto y postparto)
y cuidado de los hijos menores de 18 años exactamente igual que los españoles o
personas inmigrantes con papeles, pero… carecerán de la igualdad en el resto de
los servicios sanitarios. Cualquier otra intervención sanitaria deberá ser
cubierta mediante el pago total de dichos servicios.
APOYAMOS:
Las distintas iniciativas y declaraciones o comunicados que se han venido haciendo públicos frente a este decreto ley desde comunidades autónomas, ONGs y otras entidades que se han declarado en bloque contrarias a su aplicación, han hecho uso de su derecho de objeción al mismo y caminan en la línea de hacer del Derecho a la Salud patrimonio de todo ser humano sin hacer en ello distingo alguno.
PROPONEMOS:
El absoluto respeto al espíritu que dimana del Art.43 de la Constitución Española y al Art.25.1
de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos cuando en ambos casos se afirma el incondicional derecho a
la “atención sanitaria” a todo ser humano, por el mero hecho de serlo.
Dado que no toda la ciudadanía está en disposición de
costearse todos los gastos sanitarios que precise, pedimos a los poderes públicos:
- No condicionen en modo alguno el derecho a la salud DE TODO SER HUMANO a sus posibilidades económicas sino a la dignidad que le corresponde y el respeto y atención que se le deben.
- Busquen
formas de ahorro en el gasto público o control de los posibles fraudes que no supongan la eliminación o deterioro
de los Derechos Humanos a los que todos, españoles e inmigrantes documentados o
indocumentados, debemos seguir teniendo acceso.
A
las autoridades y profesionales sanitarios les pedimos:
Determinación y convencimiento en la práctica para atender por igual a toda persona, sea española o inmigrante indocumentada o documentada en igualdad de condiciones atendiendo más a los criterios de respeto a su dignidad humana que a la letra de leyes que no por ser “legales” son en modo alguno “justas”.
Determinación y convencimiento en la práctica para atender por igual a toda persona, sea española o inmigrante indocumentada o documentada en igualdad de condiciones atendiendo más a los criterios de respeto a su dignidad humana que a la letra de leyes que no por ser “legales” son en modo alguno “justas”.
Lo firmamos y exponemos abiertamente a toda la sociedad y sus gobernantes e instituciones en San Cristóbal de La Laguna a 4 de septiembre de 2012.
Como el derecho de los ancianos o pensionistas con rentas bajas,a recibir su tratamiento en sus enfemedades crónicas, ya que muchos no tienen medios para pagar los medicamentos que necesitan-
ResponderEliminarY tantos más, efectivamente. Cuando anteponemos la "rentabilidad económica" a las necesidades de primer orden, a los derechos humanos más elementales,... se producen situaciones como ésta.
EliminarGracias por el comentario, Carmen.