TESIS 1: Ante la urgente necesidad de enfrentar el shock económico y social provocado por la pandemia, se abren dos caminos, dos alternativas antagónicas. La batalla por cuál de ellas se impondrá y bajo qué formas va a agudizarse, será el centro de la situación nacional en los próximos meses y determinará nuestro futuro.
La última encuesta del CIS, publicada recientemente, refleja el estado de opinión de la sociedad española. Un 80,7% de los encuestados considera que las consecuencias económicas derivadas de la pandemia serán muy graves, y un 15,8% las califica de graves.
Los hechos avalan ese temor.
La caída del PIB en España será la mayor de todos los países desarrollados. La media de las previsiones anticipa una contracción del 9,2%, pero los peores escenarios contemplan un retroceso de hasta el 15%. Y todos coinciden en que tardaremos varios años en recuperar los índices previos a la Covid-19. Con pérdidas que ya se cifran en 80.000 millones de euros, y cuyo saldo final será sensiblemente mayor
La tasa de paro puede subir 10 puntos, hasta situarse en el 24,7%. Esto significaría un aumento del paro de hasta 1,5 millones, hasta situar el número de desempleados por encima de los cinco millones. Mientras que la destrucción de tejido empresarial puede liquidar hasta 500.000 pymes y 300.000 autónomos.
Impulsando una desconocida escalada de la deuda pública, que puede incrementarse desde el 96,4% al 125%. Lo que supondría incrementar nuestro endeudamiento en más de 400.000 millones.
¿Cómo se debe enfrentar esta profunda crisis desde los intereses populares y nacionales?.
El confinamiento, imprescindible para contener la expansión del coronavirus, ha acarreado la paralización -total o parcial, según sectores- de la producción y el comercio. A ello se une un descenso del consumo interno, responsable de dos tercios del crecimiento. Y, aunque se levanten las restricciones del estado de alarma, tardaremos meses o años en volver a los índices económicos previos a la Covid-19.
Estas dificultades golpean especialmente a pymes y autónomos, la mayor parte del tejido empresarial español condenadas a “vivir al día”, sin colchón para afrontar una crisis por la extorsión financiera de los bancos y fiscal del Estado, y por el escaso margen que les deja el dominio monopolista. Y repercutirán en los trabajadores, disparando las cifras de parados hasta rozar o superar los cinco millones.
Evitar que la pandemia desemboque en una necrosis económica, con una elevada destrucción de empresas y empleo, es una necesidad ineludible. Y eso comporta levantar muros de contención que exigen un elevado desembolso de dinero público.
Pero estas medidas, cuya necesidad nadie discute, pueden pervertirse, hasta convertirlas en su contrario, dependiendo de quién las gestione y controle, y al servicio de quién se desarrollen. Lo podemos comprobar en los dos ejemplos siguentes:
1.- Cómo la banca utiliza en su propio beneficio la línea de créditos ICO avalada por el Estado.
Dentro del llamado “escudo social”, el gobierno ha puesto en marcha una línea de préstamos de 100.000 millones avalada por el Estado a través del ICO (Instituto de Crédito Oficial), cuyo objetivo es “facilitar el acceso al crédito y liquidez a empresas y autónomos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19”.
El Estado avala la operación, corre con los gastos y asume los riesgos de posibles impagos. Pero no puede ejecutarla. No se puede conceder directamente esos préstamos a través de una banca pública que ha sido desmantelada. Y ni la UE ni la gran banca española permiten que se utilice Bankia –donde el Estado sigue poseyendo más del 60% de las acciones– para ello. Son los bancos privados quienes gestionan esos préstamos: deciden a quién se concede, tienen capacidad para imponer las condiciones... Y se ha “distribuido” según el reparto de mercado actual. El resultado es que solo cinco grandes bancos (Santander, BBVA, Caixabank, Bankia y Sabadell) controlan el 70% de los créditos ICO.
¿Para qué utiliza la banca los préstamos ICO?.
Primero para ampliar su negocio, bajo la protección del Estado en unos momentos de máxima incertidumbre económica. Según los datos del Ministerio de Asuntos Económicos, los créditos concedidos durante el primer mes y medio de confinamiento se dispararon de la media habitual de 30.000 millones hasta los 80.000. La banca pudo emprender con tranquilidad, avalada por el Estado, la expansión de un sector cualitativo de su negocio, el crédito a empresas, cuya cartera acumulada asciende a 444.882 millones.
Por esos créditos avalados por el Estado, los bancos cobrarán intereses a las pymes y autónomos que los soliciten. Pero además los bancos pueden imponerles condiciones onerosas, ante la necesidad imperiosa de acceder a liquidez. Multiplicando las comisiones –de apertura, por pago anticipado, etc – u obligando a contratar seguros del propio banco como condición para acceder al préstamo.
Los bancos seleccionan a quién conceden los préstamos, y no lo hacen desde el objetivo de facilitar el acceso a liquidez de pymes y autónomos, sino para proteger sus negocios. Eligiendo no a quien más lo necesita sino a quien tiene deudas con el banco, para refinanciarlas traspasando los riesgos al Estado. Así, si el impacto de la crisis eleva la morosidad o los impagos, el Estado se hará cargo de entre el 70% y el 80% de las deudas. Los bancos obtienen las ganancias y el Estado carga con las deudas.
El control de los bancos sobre las líneas de préstamos ICO ha provocado una catarata de quejas de pymes y autónomos, que han vuelto a sufrir, además de la pandemia, la extorsión financiera.
2.- Cómo el BCE va a regalar tres billones de euros a la gran banca europea.
Desde todos los ámbitos -economistas de derechas y de izquierdas, el PP, pero también el PSOE o Podemos- se alaba la contundente respuesta del BCE a la crisis actual.
En la anterior crisis la inacción del BCE contribuyó a la hecatombe. Solo puso en marcha su capacidad para inyectar liquidez –tiene la capacidad de emitir moneda– tras 2012, cuando ya se había asfixiado a Grecia, Portugal, Irlanda y España para vencer sus resistencias a aceptar draconianos “rescates”.
Ahora, ante el riesgo de colapso de la economía europea, el BCE ha actuado desde el principio. Activando programas de compras –de deuda pública o privada– de hasta 1,1 billones de euros.
Es cierto que esta actuación del BCE ha permitido contener la “prima de riesgo”, que influirá en los intereses a pagar por la montaña de nueva deuda acumulada por los Estados. Pero el BCE y la UE aplican un sospechoso doble rasero.
El programa de ayudas europeas a los Estados se está discutiendo “a cara de perro”: limitando la cuantía, ampliando la parte que corresponde a créditos y disminuyendo la que se otorga como transferencias, imponiendo una condicionalidad ligada a la aprobación de “reformas estructurales”...
Sin embargo, cuando se trata de entregar dinero a la banca europea, todas estas dificultades desaparecen, y las exigencias se convierten en facilidades.
A la última subasta de la ronda de financiación LTRO del BCE acudieron 742 bancos europeos, que se llevaron la cifra récord de 1,3 billones de euros. Pero la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ya ha anunciado que pondrá a disposición de los bancos hasta “tres billones de euros para recibir liquidez”.
Esta cantidad, entregada a un pequeño puñado de grandes bancos, multiplica por seis los 540.000 millones del primer paquete de ayudas concedido por el Eurogrupo, y por cuatro los 750.000 millones del “plan anticrisis” impulsado por la Comisión Europea.
Se afirma que el gran salvavidas de la economía española serán los 140.000 millones de ayudas europeas a los que podría acceder el Estado español. Pero los bancos nacionales se llevaron del BCE, de una sola tacada, 175.000 millones. Y esa cifra puede llegar a superar los 300.000.
¿Qué condiciones exige el BCE a los bancos por llevarse el dinero?. Ninguna.
Únicamente “mantener la cartera crediticia” a los niveles actuales, no incrementarla. Algo que ya se daba por descontado.
¿Cuánto tienen que pagar los bancos por llevarse dinero del BCE? No es que no paguen nada, es que van a cobrar.
Porque el BCE ha decidido aplicar tipos negativos en las subastas LTRO, que pueden llegar hasta el -1%. Esto significa que los bancos no solo no pagarán intereses, sino que recibirán una prima del BCE por llevarse el dinero.
Los bancos utilizan ese dinero suministrado por el BCE para invertirlo en otras operaciones como compra de deuda pública por las que evidentemente cobran un interés positivo. Las ganancias que esta operación puede reportar a la banca europea alcanzarán, según algunos cálculos, los 30.000 millones de euros. Una cantidad superior a lo que costará financiar todos los ERTEs en España durante 2020.
Con esta inyección multimillonaria, el BCE no busca “garantizar la liquidez”, sino asegurar que los grandes bancos mantienen su rentabilidad, sus ganancias, a pesar de los estragos de la pandemia.
Si el BCE pusiera esta línea de crédito de 3 billones, sin “condicionalidad” alguna, pagando por llevarse el dinero, a disposición de los Estados, y no de los bancos, los problemas que enfrentan países como España no desaparecerían pero tendríamos muchas mejores condiciones para resolverlos. Y los centros de poder europeos no dispondrían del arma de la imperiosa necesidad de acceder a los fondos europeos para imponer “reformas” o aumentar su control sobre la política española.
Frente a las consecuencias económicas de la pandemia se está jugando una doble batalla:
Por un lado cómo “contener la hemorragia” (detener la destrucción económica, contener los efectos sociales....); por otro qué raíles económicos y sociales se imponen a más largo plazo, de forma estructural.
Y en este plano vuelven a abrirse dos caminos enfrentados.
En amplios sectores sociales crece la determinación de que esta crisis no puede saldarse con más recortes y ajustes para la mayoría, con el objetivo de “rescatar” a una ínfima minoría, como sucedió tras 2010. Y avanzan las posiciones que, total o parcialmente, con mayor o menor nivel de radicalidad, defienden programas y medidas que caminan en el sentido de una redistribución de la riqueza.
Pero, al mismo tiempo, hay poderosas fuerzas que, bajo la bandera de “hacer frente a la pandemia” pretenden imponernos “reformas estructurales” cuyas consecuencias se prolongarían durante mucho tiempo.
Las principales burguesías europeas luchan a brazo partido por diseñar la “Europa post Covid-19”. Aunque son inasumibles socialmente rescates bajo las salvajes formas adoptadas de 2010 a 2012, las “ayudas europeas” impondrán una “condicionalidad” de la que ya empezamos a conocer algunos aspectos. Desde la prohibición estricta de tocar la reforma laboral, a la apertura de una “reforma de las pensiones” que, a cambio de no tocar las actuales, recorte y endurezca el acceso a las futuras.
Y la oligarquía en pleno ha presentado, bajo la forma de una “macro cumbre” empresarial organizada por la CEOE, todo un “programa de gobierno” con tres exigencias principales:
- Masiva inyección de dinero público, socializando su pago a través de un aumento de la deuda del Estado. Cuyo objetivo no será impulsar un nuevo modelo de desarrollo económico o prestar ayuda a la población, sino proteger sus negocios.
- Imponer un “consenso político” con un doble objetivo: Por un lado vetar cualquier medida que, aun tímidamente, afecte a sus ganancias, como las subidas de impuestos a bancos, monopolios o grandes fortunas. Por otro, “blindar” los futuros ajustes –que el Banco de España anuncia deberán prolongarse al menos durante diez años– de cambios políticos o de gobierno.
- Y aceptar una masiva entrada de capital extranjero, que se apropie de una parte mayor de las riquezas nacionales, bajo la vía del aumento de la deuda con el exterior, o a través de la toma de posiciones foráneas en empresas españolas.
Las consecuencias de este programa oligárquico –y del capital extranjero– serían estructurales:
- Provocando un mayor empobrecimiento general, al margen de programas como el Ingreso Mínimo Vital, dirigido a atenuar los efectos más sangrantes, bajo la forma de reducir la parte de la riqueza nacional que revierte en el 90% de la población.
- Imponiendo un mayor grado de monopolización, de concentración de la riqueza, en perjuicio de trabajadores, pymes, industrial nacional...
- Y multiplicando nuestro grado de dependencia e intervención exterior. Lo que agudizará nuestras debilidades.
- ¿Qué preguntas o dudas nos surgen tras la lectura de esta entrada?.
- ¿Cuáles son las ideas-fuerza que hallamos en el texto?.
- ¿Qué otras informaciones conocemos que ampliarían o nos llevarían a profundizar en lo aquí expuesto?.
- ¿Estamos de acuerdo en esas consecuencias que el programa oligárquico y del capital extranjero producirían en nuestro país de aplicarse esas medidas oligárquicas?.
- ¿Qué conclusiones obtenemos tras esta reflexión.
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