El tener un lugar para vivir es una cuestión que afecta directamente a la
dignidad de las personas y a su desarrollo social, personal, familiar o
afectivo.Cuando un derecho, recogido por la Constitución(art. 47),
se deja en manos de la especulación y de la economía más injusta, se está
poniendo en peligro el acceso libre de la población a este derecho fundamental. Durante
años, en España, como en otros países, se han puesto por delante del interés
general los intereses de los grandes bancos. Se han concedido hipotecas de alto
riesgo para especular con ellas en los mercados y mover ingentes
cantidades de dinero que nunca existió. Cuando esta actividad de crecimiento y
enriquecimiento exponencial se acaba, son las personas que están debajo en la
pirámide de la economía las que tienen que pagar los platos rotos.
Paralelamente, en España nunca se ha desarrollado verdaderamente el mercado del
alquiler, lo que contribuyó a fomentar la compra de vivienda.
La realidad de los desahucios en España es una de las
consecuencias más dramáticas de todo este sinsentido que está siendo la
situación económica actual. Vemos cómo diariamente se manda a vivir a la
calle a familias enteras, cuando hay una cantidad enorme de pisos vacíos en
todo el país. Todos conocemos, en nuestras ciudades y pueblos, zonas en las que
la construcción más salvaje ha dejado edificios sin vender y que van a echarse
a perder antes de ser utilizados, sin embargo, los bancos y cajas, algunos de
los principales responsables de toda esta situación, ejecutan los desahucios
sin límite. Junto a los bancos y las cajas, se han beneficiado de la
especulación ayuntamientos, inmobiliarias, ciudadanos que aprovecharon la
situación…
Es más que alarmante el papel que los gobiernos han adoptado. Por un lado,
permitieron en su momento el crecimiento de hipotecas “regaladas” y la
especulación sin mesura que, hasta el más desinformado, sabía cómo iban a
acabar. Por otro lado, ahora no son capaces de modificar las injustas leyes que
crearon porque no quieren enfrentarse a las grandes entidades que les financian
y aseguran puestos de consejeros para su retiro. Además, ponen al servicio de
intereses particulares a funcionarios del estado que deberían ser los garantes
del interés general.
Cada familia que se ve en la calle, cada suicidio inducido por la
desesperación, cada piso sin utilizar almacenado por los especuladores… son un grito
contra este sistema, un clamor contra aquellos que piensan en el mundo como un
gran tablero de juegos, en el que las personas somos fichas que pueden mover a
su antojo para llenar sus bolsillos.
Ante todo esto, ¿qué tenemos que decir los cristianos y cristianas?. Jesús nos
exhorta una y otra vez en el Evangelio a estar al lado de los más necesitados,
a fijarnos en los últimos, a acercarnos a los que están “sentados junto al
camino” (Lc 18, 35). Son estas personas las que están
sufriendo más directamente las consecuencias de la crisis y el despropósito de
los desahucios. Como Iglesia no podemos quedarnos al margen de esta realidad,
tenemos que ser sensibles al sufrimiento de tantas personas y estar activos en
la búsqueda de alternativas a esta situación.
En este Año de la Fe, que la Iglesia nos propone, releemos en el
Catecismo de la Iglesia: “Los traficantes cuyas prácticas usurarias
y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres,
cometen indirectamente un homicidio. Éste les es imputable.” (CIC
2269) En el documento que nuestros Obispos publicaron el 3 de octubre, “Ante la crisis, solidaridad”,
se pide “que los costes de la crisis no recaigan sobre los más
débiles”.
Es nuestra tarea como cristianos y cristianas en el mundo de hoy proponer
alternativas, buscar soluciones y encarnarnos en estas realidades de
precariedad y sufrimiento. Hemos de abordar el problema de los desahucios,
colaborando directamente en la búsqueda de una solución y proponiendo como
Iglesia, medidas de urgencia, y además no renunciar a la siempre necesaria
denuncia de las causas (estructurales, morales y culturales) que están en el
origen de la presente situación.
En otro documento de la Conferencia Episcopal: “Declaración ante la crisis moral y
económica” se nos anima a los y las cristianas “a
discernir el momento presente y a comprometerse con generosidad y solidaridad”.
Como Acción Católica, general y especializada, nos sentimos muy
cercanos a todas estas realidades e intentamos ser testimonio de esperanza y
compromiso contra las consecuencias de la crisis que están empobreciendo, aún
más, a los últimos, poniendo en una situación de extrema necesidad a gran parte
de la población del país.
Si bien esta crisis la provocaron unos pocos por acción y muchos por
omisión, somos la inmensa mayoría quienes la estamos sufriendo. Es desde esta
mayoría desde donde tiene que venir la alternativa a esta situación y, como
Acción Católica, queremos y debemos estar presentes en esta construcción de un
mundo más acorde con el plan de Dios, otro mundo posible y necesario.
En consecuencia animamos a los y las militantes de la Acción Católica y a
toda la comunidad cristiana, a apoyar las distintas propuestas que están
desarrollando en España, como por ejemplo la Iniciativa Legislativa
Popular que propone:
1. Que se reconozca la dación en pago en la ejecución hipotecaria.
2. Que se paralicen los desahucios cuando se trate de la vivienda habitual
y el impago del préstamo sea debido a motivos ajenos a la voluntad del
hipotecado.
3. Que se reconozca el alquiler social. De manera que el ejecutado pueda
seguir residiendo en la vivienda pagando un alquiler no superior al 30 % de sus
ingresos.
Presentamos estas líneas con la única pretensión de ser una reflexión sobre
uno de los aspectos de la crisis que nos afecta y nos impulse a todos a
sostener a quienes más sufren en este momento y a trabajar por una sociedad más
justa.
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La Comisión Diocesana de
la HOAC de Cádiz y Ceuta
la HOAC de Cádiz y Ceuta
¿Conocéis algún abogado bancario para desahucios para reclamar una hipoteca a mi banco?
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