Ante las violaciones de derechos de comunidades del pueblo guatemalteco de origen Maya
Q’eqchi’
en los departamentos de Baja Verapaz e Izabal, región de Purulhá.
Desde el pasado 19 de noviembre, las comunidades de la región de Izabal, Alta Verapaz y Baja Verapaz, cercanas al valle del Polochic, Sierra de las Minas, han sido vulneradas con cercos de sus territorios, ataques violentos con armas de fuego, secuestros de mujeres, y desalojos violentos, por parte de las fuerzas militares y policiales represivas del Estado, y por sectores privados.
Según denuncian las comunidades de la región afectada,
así como sus líderes, organizaciones defensoras de derechos humanos y del
cuidado de la madre tierra, y organizaciones indígenas, como el Consejo del Pueblo Maya, y sociales, como Convergencia Nacional de Resistencia (CNR), el
operativo militar en el territorio mencionado ha impuesto un cerco, al estilo
de los realizados durante el genocidio y el etnocidio de los años 80 con la
política de "tierra arrasada". Las poblaciones de las comunidades de
estos pueblos originarios Maya Q´eqchi´, no pueden salir de sus viviendas ni
traspasar el cerco al que han sido sometidas en un secuestro generalizado de
toda la población, les han cerrado la ruta comercial y la presencia y ataque de
las fuerzas militares y policiales están provocando el terror, intimidando
especialmente a la infancia, a las mujeres (algunas de ellas capturadas) y a
personas ancianas. Están quemando viviendas, afectando a la producción agrícola
y animales domésticos. El ataque del ejército y la PNC con armas de fuego en el
desalojo a la comunidad de Chapin Abajo, el pasado día 6 de diciembre, se cobró
la vida de un niño de 16 años, Lisbin Nefalí Quilub.
Este cerco, persecución, represión y violación de
derechos es la respuesta a la demanda de las comunidades de ser respetadas y
restituidas sus tierras comunales y el territorio que habitan y responden a un
plan sistemático de desalojo para favorecer intereses del grupo de poder
gobernante en el país, propietario de grandes tierras, que promueve, entre
otros, el monocultivo de la palma aceitera, como la empresa Naturaceites. A ese
grupo de poder también pertenecen oficiales militares y personas empresarias de
minas, palma y ganadería extensiva.
El problema de fondo es que el modelo de desarrollo
económico actual está diseñado para satisfacer a una élite con los recursos que
pertenecen a todo el pueblo. Lo deplorable es que para mantener este modelo se
debe acallar a las personas opositoras y víctimas con el uso de la fuerza
indiscriminada y de la violencia política, capturando el sistema de justicia.
Todo ello agrava la situación de indefensión de la población más vulnerable,
aumenta la impunidad con que se actúa por parte de las fuerzas del Estado, que
no protege a la ciudadanía sino los capitales e intereses de las clases
pudientes y gobernantes que controlan el poder.
Justicia y Paz España se suma a las organizaciones y pueblos para repudiar la ocupación de
territorios de las comunidades originarias, el secuestro indiscriminado de las
poblaciones, su persecución y violación de derechos fundamentales. El ataque
sistemático a los pueblos originarios trae como consecuencia "la
desarticulación del sentido de la vida comunitaria vinculada a la sagrada
tierra", el empobrecimiento generalizado de las democracias y del dialogo
y convivencia entre culturas diversas que debe ser respetuosa con usos y costumbres
y la participación activa de representantes y agentes sociales.
Nos unimos al llamamiento que hacen estas poblaciones
tanto al Estado de Guatemala como a la comunidad internacional para que:
- Se restablezca la institucionalidad del Estado y
cumpla con sus obligaciones en la búsqueda del bien común, cesando las
múltiples acciones de agresión que violentan los derechos de las
comunidades mayas, cumpliendo las exigencias a las que se obliga por la
adhesión a tratados y convenios internacionales, así como por las
sentencias de las Corte de Interamericana de Derechos Humanos.
- El Procurador de los Derechos Humanos desarrolle
la función que tiene encomendada.
- La ciudadanía se solidarice con las poblaciones
afectadas y condene los hechos de violencia que promueve el actual
Gobierno del país para favorecer intereses privados.
- Los organismos internacionales de Derechos
Humanos realicen la verificación inmediata de esta violación para
esclarecer responsabilidades directas e indirectas.
De la encíclica Fratelli tutti del papa Francisco,
número 122:
"El desarrollo no debe orientarse a la
acumulación de unos pocos, sino que tiene que asegurar "los derechos
humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos
de las naciones y de los pueblos" (SRS 33). El derecho de algunos a la
libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de
los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medio
ambiente, puesto que "quien se apropia algo solo es para administrarlo en
bien de todos" (LS95)".
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