Los gravísimos sucesos
acontecidos durante el día de ayer en el puesto fronterizo de la valla de
Melilla en el que los muertos ya se cuentan por decenas y los heridos por
centenares no deben calificarse como un episodio más en la gestión de flujos
migratorios en el que se asume como normal la represión con extrema dureza por
parte de fuerzas policiales, en el que se practican devoluciones en caliente y
en el que se intenta desviar la atención de la opinión pública poniendo el
énfasis en actuaciones de tipo violento que puedan haberse producido por parte
de algunos migrantes sin entrar en las causas profundas que provocan la
desesperación de millones de personas que no ven otra solución que entrar a
Europa para poder tener un futuro digno.
No debe obviarse que
la guerra, el hambre y las persecuciones están detrás de todas y cada una de
las historias de las personas que salen de sus países. Tampoco debe obviarse
que todos los países de la Unión Europea, además de los países en tránsito son
signatarios de la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados que
obliga a los estados miembros a proporcionar protección a aquellas personas
"que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no puedan o, a
causa de dichos temores, no quieran acogerse a la protección de su país".
La política migratoria
de la Unión Europea, a través de sus distintos instrumentos de control
fronterizo, entre los que se encuentran el refuerzo de las fronteras terrestres
y marítimas, los acuerdos de readmisión y la externalización de la gestión de
los flujos a países como Marruecos, Libia, Egipto o Turquía, con un más que
dudoso historial en materia de protección de derechos humanos, no hacen sino
hacer de las rutas migratorias trampas mortales que cada año se cobran miles de
vidas. Normalizando así una cultura de la muerte de las que son cómplices los
Estados miembros
Animados por las palabras del papa
Francisco que en su mensaje con motivo de la 108 Jornada mundial del emigrante y el refugiado de 2022 animaba a "la inclusión de las personas más
vulnerables en la sociedad como condición necesaria para obtener la plena
ciudadanía", desde Justicia y Paz condenamos las prácticas que impiden
u obstaculizan el ejercicio del derecho a solicitar asilo a todas las personas
que reúnen las condiciones para ello. También exigimos , al igual que lo han
hecho otras entidades, una investigación exhaustiva a los gobiernos español y
marroquí sobre su actuación en estos lamentables hechos al tiempo que
lamentamos profundamente la falta de empatía que el presidente del Gobierno
español ha mostrado en todo este lamentable episodio. Enlace
Comisión
General Justicia y Paz
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