Canarias, libre de CIE

Decía un artículo publicado en el periódico "El Diario", el 7 de febrero de 2012: "En el año 2006, una avalancha de cayucos llegaba a las costas canarias. Más de 31.000 inmigrantes arribaron a las Islas en estas embarcaciones, desbordando los tres Centros de Internamiento de Extranjeros con los que cuenta de forma permanente el Archipiélago: el Matorral (Fuerteventura), Barranco Seco (Gran Canaria) y Hoya Fría (Tenerife). Esta afluencia masiva obligó a habilitar campamentos provisionales en otros puntos de las Islas, como La Isleta, Las Raíces o, incluso, en un restaurante abandonado en La Gomera".

Con el paso de los años ha ido disminuyendo esa cifra hasta esa fecha de 2012 en que los CIE canarios estaban prácticamente vacíos. El centro de El Matorral, el mayor de España con capacidad para 1070 personas, no albergaba a ningún inmigrante, aunque mantenía las infraestructuras y una dotación policial permanente. En el de Hoya Fría, de 238 plazas, se encontraban retenidos siete extranjeros. Por su parte, el de Barranco Seco, con capacidad para 168 personas, registraba la mayor ocupación, con 34 inmigrantes.

Las organizaciones sociales expresaron fuertes críticas por el hacinamiento, las condiciones deplorables de las instalaciones acondicionadas un sindicato policial hablaba de ''lugares infestados de ratas y basura"- y el tratamiento dispensado a los extranjeros, se unió algún capítulo polémico, como un motín en el centro de El Matorral que se saldó con varios heridos.

Este descenso se debió en parte a las malas espectativas laborales en España pero sobre todo, según apuntaba Juan Carlos Lorenzo, coordinador en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la causa principal estaba en las "políticas disuasorias" que se habían implantado a nivel estatal y europeo. "Se antepone el control del flujo migratorio por motivos de seguridad a la realidad social. Los índices de desarrollo marcan que la situación en África es más desastrosa que hace dos años", subrayaba.

Hay un vacío legal.

Lo había entonces y lo hay hoy en 2016. El vacío o semivacío de los CIE de Canarias no se diferencia de los CIE de la península: aunque hoy día ya existe un reglamento (desde 2014) que regula el funcionamiento de los CIE... sin embargo es como si no existiera porque no se cumple. Para ver dicho reglamento (Real decreto 162/2014) pulsen AQUÍ.

Los CIE fueron creados en 1985 a raíz de la aprobación de la primera Ley de Extranjería, que preveía el internamiento en centros sin carácter penitenciario de los inmigrantes en situación administrativa irregular, como medida cautelar mientras se tramitaba su expulsión. 

El tiempo máximo de estancia se estipuló en 40 días, un plazo que se incrementó hasta los 60 días en 2009 aprovechando la Directiva de Retorno de la UE, que instaba a los Estados miembros a armonizar las cifras fijando en 180 días la estancia máxima permitida.

Diez años antes, en 1999, una Orden Ministerial estableció una regulación para los centros, aunque, según denunciaban las más de 350 entidades firmantes de la campaña 'Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE', su aplicación quedó "en papel mojado" por la "insuficiencia y ambigüedad de su articulado". Los parámetros carcelarios de los centros, su opacidad, la vulneración de derechos de los inmigrantes, y las restricciones al acceso de las ONG han sido las principales denuncias que han planteado diversas organizaciones sociales, el Defensor del Pueblo o la Fiscalía hasta nuestros días.

El Sindicato Unificado de Policía, que tildó a los CIE de "zona oscura en el Estado de Derecho", consideraba que la medida anunciada "no soluciona el problema mayor". José María Benito, portavoz del sindicato, cuestionaba la existencia de los propios centros, al entender que el tratamiento que se dispensa a personas que, en la mayor parte de los casos, han cometido una infracción administrativa y no delitos "no es adecuado". "No es un problema policial, sino social y económico", resaltaba al tiempo que ponía en entredicho la eficiencia de los centros, en especial en la situación actual de Canarias.

"Los CIE atentan contra la dignidad de la persona", concluye Juan Carlos Lorenzo de CEAR, que dibuja el cierre de los centros como "el escenario al que el respeto de los Derechos Humanos nos debería conducir". Una opinión que hoy compartimos cada vez más organizaciones, aparte de CEAR, como Cáritas, Médicos del Mundo, Justicia y Paz Tenerife,...

Razón por la cual invitamos a la ciudadanía a hacerse eco de esta campaña de concienciación y también de reivindicación que lleve a la desaparición de estos centros tal y como ahora mismo están funcionando.

Otra cuestión sería que estos centros se transformaran en recursos que realmente sirvieran para atender las necesidades reales de las personas que en ellos son actualmente tratadas como si hubiesen cometido graves delitos; es decir, que sirvieran para facilitar la integración socio-laboral de las personas "acogidas" -que no recluídas- en ellos. A fin de cuentas... para ello llegaron hasta aquí, no para ser encarceladas "sólo por carecer de 'papeles'".

Para más información:

• Canarias libre de CIE.